Chihuahua.- La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz,
presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno Municipal de
Ciudad Juárez y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del
Estado de Chihuahua a intervenir en la situación que enfrentan las
familias del fraccionamiento Las Huertas, con el objetivo de garantizar
procesos transparentes, trato digno y certeza jurídica en la
regularización de sus viviendas.
La
legisladora señaló que alrededor de 500 personas viven actualmente en
incertidumbre derivada de un conflicto entre particulares, pese a que
muchas familias han habitado la zona durante más de 20 años.
“Al
día de hoy, un conflicto por el pago entre dos personas morales, tiene
en la zozobra a casi doscientas familias del Fraccionamiento Las
Huertas, al surponiente de la ciudad, muchas de ellas asentadas de
manera irregular, pero que han habitado esta zona de manera pacífica y
continua durante más de dos décadas, asumiendo el pago de servicios,
mantenimiento y contribuciones de los inmuebles durante este tiempo”,
precisó.
En su
exposición de motivos, Argüelles Díaz advirtió que las y los vecinos han
manifestado disposición para regularizar sus viviendas; sin embargo,
persisten preocupaciones graves sobre la forma en que se están llevando a
cabo las negociaciones con la empresa acreedora Consultorías Rigg, S.A.
de C.V.
Entre las principales inquietudes expuestas por las familias destacan:
- La solicitud de pagos iniciales de hasta 100 mil pesos para iniciar procesos de regularización.
- La falta de alternativas para quienes no tienen acceso a créditos de vivienda, como los del INFONAVIT.
- Casos de personas que ya realizaron pagos sin avances visibles en sus trámites.
- Mesas de negociación privadas y sin acompañamiento institucional.
- Ausencia de contratos de adhesión registrados ante la PROFECO.
- Posibles conflictos de interés entre representantes de las partes involucradas.
- Plazos insuficientes para que las familias puedan organizarse y acceder a soluciones reales.
Por
ello, la congresista propuso la instalación de mesas de negociación
abiertas y transparentes, con presencia de autoridades, así como
mecanismos que garanticen seguridad jurídica y eviten posibles abusos o
fraudes.
“La vivienda
debe entenderse como un derecho humano y social. Las familias no están
pidiendo privilegios; están exigiendo condiciones justas y certeza para
conservar el lugar donde han vivido durante años”, expresó la diputada.
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