Exige Elizabeth Guzmán al Estado para reasignar presupuesto para pensiones de personas con discapacidad permanente

 

• Más de 56 mil personas de entre 30 y 64 años permanecen excluidas del beneficio

Chihuahua, Chih.- La diputada de morena, Elizabeth Guzmán Argueta, exhortó a la titular del Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Hacienda, para reasignar presupuesto a fin de implementar la Pensión para el Bienestar de las Personas con discapacidad permanente en Chihuahua.

Fue mediante una proposición con carácter de punto de acuerdo, en donde la legisladora recordó que la semana ante pasada fue aprobado en el Congreso Local un exhorto a fin de que el Poder Ejecutivo suscriba el Convenio de Coordinación con el Gobierno Federal a efecto de garantizar la implementación universal de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente en el Estado de Chihuahua, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos.

“Dicho convenio tiene un esquema de aportación compartida, es decir, 50 por ciento Federación y 50 por ciento Estado, lo cual ha permitido universalizar la pensión y garantizar la seguridad económica de miles de personas con discapacidad en todo el país”, explicó, Elizabeth Guzmán. 

Detalló que, según datos de la Secretaría de Bienestar, en Chihuahua existen aproximadamente 80 mil personas con discapacidad permanente. De ellas, 23 mil 838 (de 0 a 29 años) ya reciben la pensión federal; sin embargo, más de 56 mil personas de entre 30 y 64 años permanecen excluidas del beneficio. 

Por lo que el costo de cubrir este derecho en todo el estado se estima en mil 075 millones de pesos anuales, de los cuales 537 millones corresponderían al Estado menos del 1 por ciento del presupuesto estatal. 

“No hablamos de un gasto, sino de una inversión en dignidad, justicia y bienestar social”, sentenció, la diputada morenista. 

Elizabeth Guzmán Argueta sentenció, que este tema constituye una demanda constante, legítima y constitucional que durante años se ha solicitado en espacios públicos por lo que el artículo 4° de la Carta Magna es claro, y reconoce como derecho constitucional la pensión no contributiva para personas con discapacidad permanente menores de 65 años.