Chihuahua, Chih.- A fin de garantizar el derecho a la
educación y brindar certeza jurídica sobre los inmuebles donde operan
las instituciones educativas públicas, el diputado Óscar Avitia
Arellanes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una
iniciativa con carácter de decreto para reformar el Código Municipal
para el Estado de Chihuahua y fortalecer el marco jurídico local en
materia de regularización patrimonial.
Señaló
que, si bien el municipio es la base de la organización política y
administrativa, encargada de servicios fundamentales, en diversas
regiones de Chihuahua persiste una problemática histórica: muchos
planteles educativos operan en predios donados de buena fe en décadas
pasadas, pero que carecen de escrituración e inscripción en el Registro
Público de la Propiedad.
"Esta
situación genera incertidumbre jurídica, limitando la inversión en
infraestructura educativa y, en casos extremos, poniendo en riesgo la
permanencia de los centros escolares", explicó el diputado Avitia.
Advirtió
que hay una ausencia de mecanismos claros y obligatorios que
articulen la actuación de las autoridades Municipales, Estatales y
Federales en esta materia. “Si bien existen atribuciones dispersas, no
se cuenta con una disposición expresa que establezca responsabilidades
concretas para impulsar procesos sistemáticos de diagnóstico,
regularización y escrituración de dichos predios”, subrayó.
En
ese sentido, indicó que la iniciativa busca fortalecer el marco
jurídico local para promover la coordinación interinstitucional y
definir facultades y obligaciones de las autoridades municipales en
materia de regularización de bienes inmuebles destinados al servicio
educativo, y aseguró que no se trata de alterar el régimen de
propiedad, sino de otorgar los títulos de propiedad necesarios.
Detalló
que dentro de la propuesta legislativa se plantea integrar un padrón
estatal de planteles educativos en situación irregular, implementar
etapas de diagnóstico, regularización y escrituración, así como la
definición de metas programáticas que permitan evaluar los avances.
"Esta
propuesta busca proteger y preservar los espacios educativos como
bienes de interés público, fortaleciendo las condiciones materiales y
jurídicas necesarias para el pleno ejercicio del derecho a la educación
de niñas, niños y adolescentes en nuestro estado", concluyó el
legislador.
Comentarios
Publicar un comentario