Las y los diputados integrantes de la 68 Legislatura del
Congreso del Estado aprobaron reformas a diversas disposiciones con el
propósito de brindar mayor certeza jurídica y administrativa a los
municipios en la contratación de financiamientos destinados a inversión
pública productiva.
La
propuesta atiende observaciones técnicas emitidas por la Unidad de
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a fin de armonizar el contenido del decreto con la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
El
dictamen fue elaborado por la Comisión de Programación, Presupuesto y
Hacienda Pública y presentado por la diputada Carla Rivas Martínez,
quien señaló que, entre las adecuaciones aprobadas, se establece con
mayor precisión el plazo máximo para la contratación y pago de los
créditos, mismo que no deberá exceder el periodo constitucional de las
administraciones municipales, fijándose hasta 806 días naturales
contados a partir de su celebración.
Asimismo,
se fortalecen las disposiciones relacionadas con el análisis previo de
la capacidad de pago de los municipios, el destino de los recursos y las
fuentes de pago correspondientes, con el objetivo de otorgar mayor
claridad y seguridad jurídica en los procesos de validación y
contratación.
El
documento señala que estas modificaciones no alteran el fondo de la
autorización previamente aprobada por el Congreso del Estado, sino que
perfeccionan técnicamente su redacción para facilitar el acceso oportuno
de los municipios a esquemas de financiamiento destinados a obras y
proyectos de beneficio social.
“En
consecuencia, la reforma planteada resulta indispensable para generar
certeza jurídica, subsanar las inconsistencias advertidas y posibilitar
que los referidos municipios puedan acceder de manera efectiva a los
esquemas de financiamiento autorizados por este Honorable Congreso”,
destacó la diputada.
Los
recursos podrán destinarse a rubros como obra pública, infraestructura,
adquisición de maquinaria, equipo y vehículos, contribuyendo al
desarrollo municipal y a la atención de necesidades prioritarias de la
población.
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