Reducción de la violencia letal en el primer bimestre de 2026 necesita ser explicada

 

El Estado mexicano debe articular procesos de investigación para identificar los motivos por los cuales la violencia se reduce de forma abrupta. Sólo así será posible generar evidencia legítima para fortalecer las estrategias que están dando resultados y corregir aquéllas que no. En el primer bimestre de 2026 se observa una reducción en todos los indicadores de violencia letal en comparación con el mismo periodo de 2025, tanto de forma individual como en su conjunto: Homicidio doloso: -34%.  Desapariciones: -29% Otros delitos contra la vida: -18% Feminicidio: -12% Homicidio culposo: -3% Violencia letal (suma de todos los indicadores): -22% Esta tendencia también se observa a mediano plazo en la mayoría de los indicadores; sin embargo, frente a 2018, persisten incrementos en personas desaparecidas y no localizadas (14%) y en otros delitos contra la vida (80%). En una escala más amplia, en la última década se mantiene un deterioro en casi todos los indicadores de violencia letal —con excepción de los homicidios culposos—, con aumentos relevantes como 202% en otros delitos contra la vida, 122% en personas desaparecidas y no localizadas, 54% en feminicidio y 31% en la violencia letal agregada (considerando la sumatoria de todos los indicadores).

La reducción de todos los indicadores constituye, en principio, una buena noticia, especialmente si se considera que México ha estado inmerso durante décadas en niveles de violencia muy por encima de la media mundial. No obstante, estos descensos resultan inéditos tanto por su magnitud como por la rapidez con la que se han producido. Por ello, más que celebrar de forma apresurada, es fundamental que el Estado mexicano encabece procesos de investigación en colaboración con la sociedad civil organizada, la academia y otros actores no gubernamentales, para identificar con claridad las causas de esta reducción. Este esfuerzo debe colocar en el centro a las víctimas, incorporar una visión territorial de la violencia y sostenerse en un enfoque de acceso a la justicia y derechos humanos. Sólo bajo estas condiciones será posible avanzar hacia procesos de pacificación con amplio consenso social y sentido de justicia. En este contexto, existen al menos tres hipótesis plausibles sobre la reducción de la violencia en las entidades federativas que deben someterse a prueba para fortalecer lo que funciona y corregir con urgencia lo que no:  La eficacia gubernamental. Es decir, que la disminución responde a políticas públicas implementadas por la federación o los gobiernos locales.  La existencia de regímenes criminales. En ellos, la reducción se explicaría por el control territorial ejercido por el crimen organizado.  Posibles inconsistencias en los datos. Éstas pueden surgir a partir de fallas o subregistro en los sistemas de información de policías y fiscalías. Lo anterior debe derivar, al menos, en tres cursos de acción bajo la política pública:  Concentrar los esfuerzos de contención en las zonas donde la violencia se mantiene alta o incluso va en aumento. Esto implica priorizar el debilitamiento operativo del crimen organizado mediante inteligencia estratégica y no sólo despliegues reactivos. Al mismo tiempo, detonar cambios estructurales en policías, fiscalías y en la reconstrucción de la cohesión social. Identificar las prácticas estructurales que han permitido a ciertos territorios mantener tasas bajas o reducciones sostenidas. El objetivo es apuntalarlas y replicarlas en la medida de lo posible. Esto puede abrir la discusión sobre mayor financiamiento para mejorar las condiciones laborales y la profesionalización policial, así como sobre reformas para institucionalizar buenas prácticas de procuración de justicia y programas de prevención basados en evidencia.  Mejorar la calidad de los datos para contar con diagnósticos más precisos. Esto es crítico en rubros como personas desaparecidas y otros delitos contra la vida. El esfuerzo debe desarrollarse bajo esquemas de gobernanza democrática, donde víctimas, organizaciones acompañantes y otros actores sociales participen activamente en la definición, ejecución y supervisión de las metodologías. De este modo, la población queda en el centro de la acción pública y se avanza hacia procesos de pacificación con mayor consenso social y sentido de justicia.

Consulta los indicadores por delito a nivel nacional y estatal Nota metodológica Los datos de incidencia delictiva para 2026 provienen del nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que introduce algunos ajustes metodológicos. En la categoría “otros delitos contra la vida” se incorporan tentativas de homicidio y de feminicidio, con el fin de mantener la comparabilidad con años anteriores. Los datos de personas desaparecidas y no localizadas provienen del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), consultados el 24 de marzo de 2026.   Las proyecciones de población a mitad de año provienen de Conapo.