• Investigadores
de la FEDH le ejecutaron una orden de aprehensión a Iván Arturo G. P.
en un domicilio de Ciudad Juárez y lo trasladaron a Chihuahua para que
se le dicte la pena que deberá cumplir por los delitos de feminicidio y
robo agravado.
Elementos
de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía
Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos,
reportó la reaprehensión de Iván Arturo G. P., quien se encontraba
prófugo de la justicia por el feminicidio de la activista Mireya R. L.,
ocurrido en el año 2020.
Los
investigadores de la Unidad de Violaciones de Derechos Humanos,
ejecutaron la orden de aprehensión la tarde de ayer 03 de abril en un
domicilio ubicado en la calle Cedros del Acantilado, del fraccionamiento
Urbivillas en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El
detenido fue trasladado a la ciudad de Chihuahua capital, en donde se
llevará a cabo la audiencia de individualización de sanciones para que
se le dicte la pena que deberá cumplir en prisión por los delitos de
feminicidio y robo con penalidad agravada.
Las
indagatorias seguidas por el Ministerio Público en relación con el
hecho, determinaron que entre las últimas horas del 29 de agosto de 2020
y primeras horas del 30, el acusado estuvo en el domicilio de la
víctima, donde la atacó con un arma punzocortante logrando privarla de
la vida, para luego robar su carro y su celular.
Cabe
recordar, que el procesado quedó en libertad tras dictarse una
sentencia absolutoria por parte de un Tribunal de Enjuiciamiento del
Distrito Judicial Morelos, por lo que el equipo legal de la FEDH,
tramitó diversos recursos legales que permitieron obtener una sentencia
condenatoria por parte de un Tribunal de Alzada.
En
vida, la víctima Mireya R. L. fundó y presidió la organización Unión y
Fuerza de mujeres Trans Chihuahuenses, dedicándose a defender los
derechos de las personas trans además de promover la prevención del
VIH-SIDA.
La Fiscalía
Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y
Desaparición Forzada reafirma su compromiso para una persecución de los
delitos y una procuración de justicia, efectiva que proteja los derechos
fundamentales de personas defensoras de los Derechos Humanos.

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