La diputada Irlanda Márquez, representante del Partido
del Trabajo en el Congreso del Estado, presentó una serie de preguntas
dirigidas a la fiscalía general del Estado de Chihuahua, con el objetivo
de profundizar en el análisis de la incidencia de algunos delitos en la
entidad.
“El delito de robo constituye una de las
conductas que con mayor frecuencia afecta el patrimonio de las personas,
incidiendo directamente en su seguridad y tranquilidad, sus efectos
repercuten en sectores diversos, generando impactos económicos y
sociales relevantes”, señaló la legisladora.
Así
mismo, el delito de feminicidio es de los más difíciles de acreditar y
que han incrementado últimamente, si bien las cifras reflejan
reducciones en determinadas modalidades, Irlanda Márquez subrayó que la
magnitud histórica del fenómeno y su impacto obligan a un análisis más
profundo de la información disponible.
“La
disminución porcentual en ciertos rubros no exime de la necesidad de
evaluar la distribución territorial del delito, el comportamiento por
modalidad, el monto patrimonial afectado y la eficacia institucional en
la integración y resolución de las carpetas de investigación”,
puntualizó.
La legisladora petista solicitó que la
información proporcionada por la Fiscalía abarque el periodo comprendido
entre enero de 2020 y abril de 2026, desglosada por cada año.
Entre las preguntas relevantes se encuentran:
-
¿Cuántas carpetas de investigación se han iniciado por el delito de
robo en las que el monto patrimonial afectado es menor a 28 UMAs,
desglosadas por modalidad de robo?
- ¿Cuántas
personas han sido imputadas y cuántas han recibido sentencia
condenatoria por el delito de robo en el periodo señalado, con
desagregación por modalidad del delito?
- En
promedio, ¿cuánto recurso económico ha sido asignado o utilizado para la
atención de cada carpeta de investigación por el delito de robo durante
el periodo de referencia?
- ¿Cuántas carpetas de
investigación por el delito de feminicidio se han iniciado en el estado,
desagregadas por año y municipio, y cuál es su estado de integración,
incluyendo cuántas se encuentran en trámite, judicializadas y
concluidas, así como el monto de los recursos públicos asignados para su
prevención, investigación y persecución en el mismo periodo?
La
diputada enfatizó que esta solicitud no responde a una mera
recopilación estadística, sino a la necesidad de contar con elementos
objetivos que permitan valorar el comportamiento real de los delitos de
robo y feminicidio en Chihuahua, su evolución anual, su impacto
territorial y sectorial, así como la eficiencia en la procuración de
justicia.
“El feminicidio es la expresión más
extrema de la violencia contra las mujeres, no basta con contabilizar
casos: necesitamos saber cómo se están investigando, cuántos se
judicializan y qué recursos se destinan realmente para garantizar
justicia y prevenir nuevas víctimas”, subrayó Márquez.
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