La 68 Legislatura del Congreso de Chihuahua exhortó a la
Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado y a la Junta Municipal
de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, a fin de que se implementen las
acciones necesarias para garantizar el acceso efectivo, suficiente,
salubre y asequible al agua potable en dicho municipio.
En
este mismo sentido, se aprobó la moción planteada por el diputado
Alfredo Chávez, a fin de exhortar a las autoridades correspondientes del
municipio de Ciudad Juárez para que implementen mecanismos legales para
la regularización de predios.
Lo
anterior luego de que fuera aprobada la proposición de la diputada
Irlanda Dominique Márquez Nolasco, en la cual planteó la necesidad de
asegurar este derecho humano fundamental para todas las personas,
independientemente de la situación jurídica de los predios que habitan.
Dentro
de la exposición, destacó que el acceso al agua potable es un derecho
reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, siendo indispensable para la vida digna y el ejercicio
de otros derechos como la salud y el bienestar.
Asimismo,
detalló que, en diversas colonias de Ciudad Juárez, particularmente en
asentamientos irregulares, persisten condiciones de rezago en el acceso a
servicios básicos, lo que coloca a sus habitantes en una situación de
vulnerabilidad. En este contexto, refirió casos específicos como el de
la colonia Pánfilo Natera, donde se han presentado problemáticas
relacionadas con el suministro de agua.
Dicha
colonia, al igual que muchas otras en el municipio, enfrenta
condiciones de precariedad derivadas de la irregularidad en la tenencia
de la tierra y la falta de infraestructura hidráulica, lo que obliga a
sus habitantes a recurrir a mecanismos alternativos, muchas veces
insuficientes, para satisfacer sus necesidades básicas de agua.
La
Legisladora agregó que, condicionar el acceso al agua potable a la
regularización de los predios no sólo resulta jurídicamente
cuestionable, sino que también perpetúa condiciones de desigualdad y
exclusión social, por lo que resulta necesario adoptar un enfoque basado
en derechos humanos que priorice a los sectores en situación de mayor
vulnerabilidad.
Además,
se resaltaron criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en los que se establece que el acceso al agua no debe
condicionarse a la acreditación de la propiedad, reconociendo además la
obligación del Estado de garantizar un mínimo vital para la población.
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