Alista Juan Carlos Loera iniciativa para tipificar como delito autónomo el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado

- El proyecto legislativo se elabora en conjunto con personas expertas
nacionales e internacionales.
- Participan la UNICEF, UNODC, OEA, SIPINNA, INACIPE, FODEN,
REINSERTA, entre otras organizaciones.
- El senador Juan Carlos Loera de la Rosa alista, junto con especialistas
nacionales e internacionales, elabora una iniciativa para tipificar como delito
autónomo el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del
crimen organizado.
Ayer se realizó la primera Jornada de Diálogo De la Protección a la Acción:
Evitando la utilización de niñas, niños y adolescentes pro el crimen organizado,
cuyo anfitrión fue el senador Leora, en donde participaron representantes de
organismos como UNICEF, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la
organización Reinserta, quienes aportaron diagnósticos, cifras y propuestas que
servirán de base para la construcción de la iniciativa legislativa. El reto es claro:
existe la necesidad de reconocer el reclutamiento como un delito autónomo;
diferenciándolo de otras figuras como la trata de personas.
Actualmente, México no cuenta con un tipo penal autónomo que sancione el
reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, lo que limita la
capacidad del Estado para prevenir, combatir y atender este delito de manera
interinstitucional e integral.
El presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Juan Carlos Loera,
indicó que su propuesta coloca en el centro el principio constitucional de interés
superior de la niñez, pues, de acuerdo con el INEGI, en 2024, más de 29 mil 500
personas adolescentes fueron imputadas a nivel nacional por la comisión de
hechos constitutivos de delito.
“Tenemos que contener este flagelo, las niñas, niños y adolescentes tendrían que
estar en la escuela, haciendo deporte y jugando, no enfrentando a la justicia por
provenir de entornos vulnerables que los volvieron presas fáciles”, sostuvo.
Juan Carlos Loera detalló que esta iniciativa se construirá con base en el trabajo
conjunto con especialistas y organismos internacionales. “No se trata sólo de legislar, sino de hacerlo bien, con evidencia y escuchando a quienes han
estudiado y atendido este problema desde distintos frentes”, señaló.
En este contexto, Sofía Magdalena Cobo Téllez, investigadora en justicia para
adolescentes del Instituto de Ciencias Penales de la FGR, asentó que tanto el
reclutamiento como la utilización de menores por parte del crimen organizado viola
los derechos humanos y compromete su desarrollo integral, pues los expone a
entornos violentos e inseguros, por lo que no puede ser un fenómeno aislado,
dado que se les involucra en el narcomenudeo.

Juan Pablo Rodríguez Gónzalez, especialista en protección a la infancia en
UNICEF México, añadió que es indispensable hablar del reclutamiento de
menores en el país, pues cuando el crimen organizado utiliza a niñas, niños y
adolescentes, el desafío para el Estado no es solo reaccionar, sino entender con
claridad qué está enfrentando, ya que solo así se pueden atender las necesidades
de las víctimas.

Karla Karelly Villanueva, integrante de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de
Estados Americanos (CICAD-OEA), agregó que este fenómeno no es un daño
colateral del narcotráfico, sino un método que los grupos criminales están
utilizando para tomar terreno dentro de las comunidades, por lo que se trata de
una estructura que utiliza la vulnerabilidad de la niñez como insumo.
Otro de los puntos abordados fue la dimensión digital del reclutamiento. Se explicó
que las redes sociales y plataformas de videojuegos se han convertido en canales
de captación cada vez más frecuentes, lo que exige actualizar las estrategias
institucionales para prevenir este fenómeno.
Las intervenciones también subrayaron la importancia de articular una respuesta
nacional coordinada. En este sentido, se informó que el tema será incorporado en
el Programa Nacional de Protección 2026-2030, a fin de fortalecer las políticas
públicas en la materia.