Integrantes de la 68 Legislatura del Congreso local,
aprobaron por mayoría de votos la solicitud al Ejecutivo Federal a
través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que brinde
información sobre las irregularidades en el manejo de los recursos
destinados al programa “La Escuela es Nuestra” a nivel nacional.
Este
punto de acuerdo, fue presentado ante el Pleno por el diputado Jaime
Torres Amaya del Grupo Parlamentario del PAN, quien determinó que
también, es necesario que se precise el número de beneficiarios en el
Estado para este 2026 y el monto asignado para este programa y se
mencionen las irregularidades en Chihuahua.
Dijo
que a principios de la administración del presidente López Obrador, se
puso en marcha el programa señalado y el cual beneficia a las escuelas
de educación básica y media superior del país, con la entrega de
recursos para el mantenimiento de los planteles escolares.
El
programa funciona por medio de los comités de padres de familia,
quienes reciben dicho apoyo y son asesorados por los “Servidores de la
Nación”, sobre la manera de invertir los recursos; al depender del
número de la matricula de las escuelas, cada plantel educativo puede
recibir de entre los 200 mil hasta el millón 500 mil pesos.
“Se
carece de un sistema de transparencia dado a que existen diversas
irregularidades al querer obtener información del proyecto y se
desconoce a cabalidad, el destino de los más de 84 mil millones de pesos
que han sido invertidos dado a que en las escuelas no se ven reflejadas
las mejoras”, concretó el legislador.
Además
de esto, señaló que se han presentado 606 denuncias por mal manejo de
los recursos en este programa de acuerdo con datos de la Secretaría de
la Función Pública. Afirmó que se han presentado las mismas ante la
Fiscalía General de la República, mismas que han sido ignoradas.
“Encontramos
que en los años fiscales del 2020 al 2022, la entrega de apoyos ha sido
duplicada a cinco beneficiarios del programa por un millón 150 mil
pesos, además de la entrega de un millón y medio de pesos a tesoreros de
7 Comités Escolares de Administración Participativa que ya habían
fallecido”, apuntó.
Por
último dijo que es indispensable que el órgano responsable brinde la
información necesaria y se pronuncie al respecto de las denuncias y
acusaciones antes señaladas.
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