-Adecua el marco legal estatal para entornos escolares seguros._
El
Congreso de Chihuahua, dentro del Segundo Periodo Ordinario de
Sesiones, reformó la Ley de Seguridad Escolar y la Ley Estatal de
Educación, con la finalidad de fortalecer la seguridad en las aulas y
respaldar al magisterio, para que las y los docentes cuenten con
protección legal, acompañamiento institucional y protocolos claros en
caso de enfrentar agresiones, conflictos o señalamientos durante el
ejercicio de su labor.
En
la exposición por parte del diputado Óscar Avitia Arellanes, presidente
de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, señaló que las
adecuaciones realizadas establecen bases legales para que exista un
Protocolo de Protección al Personal Docente, con reglas claras para
prevenir y atender cualquier tipo de violencia dentro del entorno
escolar. Asimismo, se busca asegurar que las escuelas sean espacios de
respeto, diálogo y convivencia pacífica, tanto para estudiantes como
para personas trabajadoras de la educación.
Entre
las cosas a destacar están el que la autoridad educativa deberá actuar
de inmediato ante cualquier agresión o situación de riesgo; además, se
deberá garantizar el respeto al debido proceso y la presunción de
inocencia en caso de denuncias, se habrá de brindar asesoría jurídica y
apoyo psicológico cuando sea necesario.
Aunado
a lo anterior, se crearán mecanismos formales para acompañar a docentes
que enfrenten conflictos y se promoverá la capacitación periódica de
las autoridades escolares sobre el manejo de los mismos, actuación ante
denuncias, canales institucionales y garantías laborales.
Además,
la ley ahora reconoce expresamente la obligación de la autoridad
educativa de proteger la dignidad, el honor, seguridad y la estabilidad
laboral y emocional del personal docente.
Cabe
resaltar que para las reformas realizadas, previamente se realizaron
una serie de mesas de trabajo integradas por docentes, representantes
sindicales y especialistas, quienes compartieron inquietudes y
propuestas para fortalecer la propuesta inicial.
Dentro
de los artículos transitorios del decreto aprobado por el Pleno
Legislativo, se estableció que el protocolo deberá ser elaborado y
publicado por la Secretaría de Educación y Deporte, con la participación
de las trabajadoras y trabajadores de la educación, sindicatos
magisteriales, quienes integran la Comisión de Educación, Cultura Física
y Deporte de la Sexagésima Octava Legislatura, organismos de derechos
humanos y organizaciones especializadas dentro de 90 días hábiles
después de su publicación.
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