Ciudad de México.— Durante la aprobación de reforma al
artículo 127 constitucional para poner fin a las “pensiones doradas”, la
diputada federal Greycy Durán Alarcón, a voz del Partido del Trabajo
(PT), respaldó desde tribuna este reordenamiento del gasto público para
eliminar privilegios y priorizar recursos para necesidades como salud,
educación y programas sociales.
“Hoy
decidimos de qué lado de la historia queremos estar. Del lado de los
privilegios de unos cuantos o del lado de la justicia para millones de
mexicanas y mexicanos”, expresó durante la discusión del dictamen que
posteriormente fue aprobado por unanimidad en lo general con 458 votos, y
en lo particular con 363 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones.
Durán
Alarcón recordó los abusos que durante años permitió el sistema, con
“pensiones de 100 mil, de 300 mil hasta de 1 millón de pesos mensuales”,
en contraste con la precariedad de la mayoría trabajadora, y que
drenaban recursos públicos en beneficio de una minoría privilegiada.
“El
dictamen que hoy discutimos pone orden donde durante años hubo excesos.
El gasto en pensiones se ha disparado de manera alarmante. Ese dinero
entregado a unos cuantos podría estar en hospitales, en escuelas, en
seguridad, en programas sociales que el pueblo realmente necesita”,
afirmó.
La reforma
aprobada, y ahora remitida a las legislaturas estatales, establece que
ninguna jubilación o pensión en el sector público (incluyendo organismos
descentralizados, empresas del Estado y fideicomisos) podrá exceder la
mitad de lo que gana la presidenta. Además, prohíbe que contratos o
disposiciones laborales establezcan beneficios por encima de este mismo
límite.
La diputada
cuauhtemense enfatizó que la medida no vulnera derechos legítimos, sino
que corrige distorsiones. “Se ha dicho que esta reforma afecta derechos
adquiridos, pero seamos conscientes, responsables y congruentes con la
Constitución. No puede ser rehén de estos abusos”, subrayó.
Cabe
señalar que el dictamen contempla excepciones específicas, como las
Fuerzas Armadas y los esquemas de ahorro individual, así como pensiones
derivadas de aportaciones voluntarias o sindicales. “Protege lo
legítimo, pero elimina lo injustificable”, sostuvo la diputada Greycy
Durán.
Asimismo, se
establece que las pensiones ya otorgadas deberán ajustarse al nuevo
límite, salvo en los casos expresamente excluidos, y se fija un plazo de
90 días para que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales
armonicen su marco jurídico.
“La
Suprema Corte ha sido clara en que las reformas constitucionales pueden
ajustar efectos de situaciones previas cuando está de por medio el
interés público y sí esto es de interés público: Terminar con los
excesos y recuperar la dignidad del servicio público”, sentenció la
diputada petista.
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