_-Exigen cerrar vacíos legales en el marco del 25N_
En
el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, el Grupo Parlamentario de Morena presentó
una iniciativa de reforma integral destinada a fortalecer el marco
jurídico contra el abuso sexual, cerrar brechas de impunidad y
garantizar justicia efectiva para mujeres, adolescentes y niñas en
Chihuahua.
La propuesta
surge ante la persistente violencia sexual en México y las lagunas
legales que dejan impunes a miles de agresores. Las mujeres enfrentan un
sistema que duda de ellas, minimiza su palabra y normaliza la
violencia. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena, a través de la
diputada Jael Argüelles Díaz, impulsa reformas urgentes que buscan
corregir un marco legal insuficiente que pone en riesgo vidas y
derechos.
La legisladora
subrayó la urgencia de reformar la ley, señalando que, según ENVIPE, en
2024 se registraron 4,160 delitos sexuales por cada 100 mil mujeres en
México. En Chihuahua, de enero a octubre de 2025, se abrieron 3,709
carpetas de investigación por delitos sexuales, siendo el abuso sexual
el más frecuente.
“Estas
cifras no son solo números: son historias de dolor, de silencio y de
impunidad. El Estado no puede seguir fallándole a las víctimas”,
enfatizó.
Asimismo,
Argüelles Díaz recordó que la violencia sexual es uno de los delitos más
subregistrados: solo 1 de cada 10 mujeres denuncia, según ONU Mujeres.
“La mayoría de los casos nunca llega a las autoridades, por lo que las
reformas deben adelantarse a esta realidad oculta”, advirtió.
En
este contexto, la iniciativa propone transformaciones de fondo tanto en
el Código Penal como en la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia.
Principales reformas al Código Penal:
•
Nueva definición amplia de “acto sexual”, que incluye tocamientos,
roces, exhibiciones, manipulación de órganos sexuales y representaciones
explícitas, cerrando lagunas legales.
• Aumento de penas por abuso sexual: de 6 meses–6 años a 3–7 años de prisión, además de multas más elevadas.
• Persecución de oficio, eliminando la necesidad de querella para iniciar el proceso penal.
• Obligatoriedad de asistencia a talleres reeducativos con perspectiva de género para agresores.
•
Ampliación de agravantes, incorporando casos donde la víctima esté
embarazada o en puerperio, en situación de indefensión o agredida por
orientación o identidad de género.
• Creación del
Artículo 175 Bis, que garantiza la reparación integral del daño,
incluyendo atención psicológica especializada hasta la recuperación
total de la víctima.
• Inclusión de la definición
de espacio público y del acoso sexual en espacios públicos, para
reconocer y sancionar agresiones en calles, plazas, transporte y áreas
comunes.
• Obligación para el Estado y los
municipios de garantizar espacios y transportes públicos seguros para
mujeres, adolescentes y niñas.
• Creación de un
banco de datos sobre órdenes de protección, fortaleciendo la
coordinación institucional ante situaciones de riesgo.
•
Reforzamiento de las obligaciones estatales en políticas de reeducación
libres de estereotipos, sistemas de monitoreo de violencia comunitaria y
acciones permanentes de prevención.
La
congresista destacó que este paquete legislativo representa una acción
concreta en una fecha históricamente marcada por compromisos públicos,
pero con pocas transformaciones reales.
Explicó
además que la propuesta se basa en el Modelo de Tipo Penal de Abuso
Sexual, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la recientemente
creada Alianza de Xicoténcatl como parte de los esfuerzos para
consolidar un marco jurídico más eficaz, universal y progresivo.
“En
el 25N no basta con recordar: hay que legislar, actuar y transformar.
Esta iniciativa es una respuesta directa a la exigencia de las mujeres
que hoy piden justicia”, afirmó.
Finalmente,
el Grupo Parlamentario de Morena reiteró su compromiso con una agenda
de fortalecimiento institucional, prevención y sanción de todas las
formas de violencia sexual en el estado.
“Mientras
exista una sola mujer violentada sin justicia, este Congreso tiene la
obligación moral y legal de actuar”, concluyó Argüelles.
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