La Ley de Aguas Nacionales no ha cumplido con el cometido de Justicia Hídrica: diputada María Antonieta Pérez

 

-Fue una Ley diseñada para  endosar el líquido al mejor postor en el mercado

Chihuahua, Chih.– La diputada María Antonieta Pérez Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de morena, denunció la “irresponsabilidad flagrante” de partidos políticos y grupos afines que —aseguró— han iniciado una campaña coordinada de desinformación y falsedades contra la propuesta de reforma a la Ley Nacional de Aguas. Afirmó que estas mentiras buscan sembrar miedo entre campesinos y productores, pese a que la iniciativa no pretende quitar derechos ni concesiones de riego, sino poner orden donde por décadas ha imperado la corrupción y la simulación.

“La ley debe modificarse, y debemos desmontar la ola de mala información que la oposición ha soltado para confundir a las y los ciudadanos. Andan diciendo que alguien quiere quitar concesiones, aprovechándose políticamente de una situación tan seria. Es un juego sucio y descarado”, advirtió la diputada.

Recordó que la Ley de Aguas Nacionales vigente proviene de 1992, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, un periodo que —señaló— se caracterizó por la fragmentación y entrega del patrimonio nacional, desde ferrocarriles y carreteras hasta instituciones estratégicas… y hasta el agua.

Pérez Reyes exhibió datos contundentes sobre la crisis hídrica en Chihuahua, y señaló que quienes hoy protestan “con pancartas y discursos prefabricados” guardan silencio ante la verdadera raíz del problema:

En Chihuahua existen 8,000 pozos ilegales.

La CONAGUA carece de herramientas legales efectivas para procesar y sancionar a quienes los operan.

En la zona del río Conchos, 36 regiones, con 66 mil habitantes, no tienen agua potable.

En esa misma región, 21 mil hogares viven sin acceso a agua para consumo humano.

“¿Por qué creen ustedes que a César Duarte no se le pudo meter directamente a la cárcel cuando se le encontró una presa de 3 millones de metros cúbicos en su rancho? ¿Y dónde están los otros 8,000 con pozos ilegales? ¿Por qué nadie los menciona? ¿A quién protegen?”, cuestionó la legisladora.

Señaló que Chihuahua es uno de los estados con mayor estrés hídrico del país, y aun así se siguen entregando concesiones a grandes corporativos “como si el agua fuera infinita”. Por ello, subrayó que apoyar la reforma es urgente: para actualizar la ley a la realidad climática, resguardar el agua, garantizar su acceso justo para la población y regular de verdad a quienes se enriquecieron del caos hídrico durante décadas.

“Esta reforma no es un capricho: es una defensa del derecho humano al agua y una oportunidad de romper con los privilegios que secaron a Chihuahua”, concluyó.