Cuestiona diputado Pedro Torres cuál será el actuar de FGE tras el impacto que dejó el dar semilibertad a sentenciado por secuestro
Chihuahua, Chih.- El diputado Pedro Torres Estrada,
integrante del Grupo Parlamentario de morena, llevó ante el Congreso 11
cuestionamientos dirigidos a César Gustavo Jáuregui Moreno Fiscal
General del Estado, para que fije postura sobre el caso de libertad
adelantada a un sentenciado por el delito de secuestro y que es hermano
de una magistrada en funciones.
Explicó
el legislador respecto al caso del sentenciado Édgar Hernán, condenado a
una segunda sentencia de 37 años de prisión por el delito de secuestro,
con fecha original de excarcelación proyectada hasta el 9 de enero de
2057. El cual generó preocupación social al conocerse la determinación
inicial del Juez de Ejecución de Penas, Juan Carlos Erives, de
concederle el beneficio de la semilibertad. ‘Permitir que un
secuestrador solo se interne en el penal de viernes a domingo es, a
todas luces, una burla a la seriedad de la pena y un riesgo innecesario
para la sociedad’ reclamó Torres Estrada.
Sin
embargo en este asunto se señaló, es de reconocer la actuación de la
Fiscalía de Distrito Zona Centro al interponer de inmediato el recurso
de apelación, que habla de compromiso con la legalidad. Pero también
dijo el congresista por morena, es la coincidencia temporal de estos
hechos, ya que la decisión original de semilibertad se tomó a finales de
septiembre, a tres semanas después de que entrara en funciones el nuevo
Poder Judicial del Estado, siendo el punto de mayor preocupación en que
el sentenciado beneficiado con la semilibertad es hermano directo de la
Magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, integrante del Tribunal
de Disciplina Judicial. Función que tiene dicho Tribunal es investigar y
sancionar las faltas.
Ante
el panorama descrito señaló el diputado juarense, el Congreso como
garante del equilibrio de poderes y de la legalidad, le solicita
responder de manera oficial al titular de la Fiscalía General del Estado
las siguientes preguntas:
A) Sobre la Resolución y el Proceso Judicial
1.
¿Cuál es la postura oficial de la Fiscalía sobre el resolutivo
emitido en respuesta al recurso de apelación de la toca 93/2025, que
anula la semilibertad y ordena reponer el procedimiento?
2.
¿Qué fallas o inconsistencias identificó la Fiscalía en la decisión
original del Juez de Ejecución de Penas, Juan Carlos Erives Fuentes, que
llevaron a apelar la concesión del beneficio de semilibertad al
sentenciado Édgar Hernán?
3.
¿Qué implicaciones tiene el cambio del Juez de Ejecución de Penas
para la nueva audiencia? ¿Garantiza la Fiscalía que este cambio
asegurará una aplicación más estricta de la ley en casos de delitos
graves como el secuestro?
4.
¿Puede la Fiscalía confirmar si la anulación de la resolución y la
reposición del concedimiento de la semilibertad son el resultado de un
análisis profundo sobre la correcta aplicación de la Ley Nacional de
Ejecución Penal en este caso específico?
5.
¿De qué manera la Fiscalía está preparando la argumentación para la
audiencia de revisión de la medida cautelar y la impugnación de la causa
penal 226/2025, para asegurar que se mantenga la pena de 37 años de
prisión originalmente impuesta por el delito de secuestro?
B) Sobre los Tiempos y la Transparencia
1.
¿Se tiene una fecha estimada para la audiencia de revisión de la
medida cautelar y la asignación de la nueva Sala Penal que estará a
cargo de la impugnación, como lo ha solicitado la Fiscalía?
2.
¿Qué medidas tomará la Fiscalía para garantizar la máxima
transparencia en este nuevo proceso judicial, considerando la
preocupación pública que generó la primera determinación de semilibertad
en un caso de secuestro?
3.
Dado que el cambio en la sentencia se dio a finales de septiembre,
"tres semanas después de que entrara en funciones el nuevo Poder
Judicial", ¿ha identificado la Fiscalía alguna posible relación o patrón
con otros casos similares derivados de la entrada en vigor del nuevo
Poder Judicial?
C) Sobre el Impacto y la Prevención
1.
¿Qué mensaje envía la Fiscalía, bajo su dirección, a las víctimas de
secuestro y a la ciudadanía en general al apelar y lograr la anulación
de un beneficio de semilibertad a un sentenciado por un delito tan
grave?
¿Considera
la Fiscalía que este caso pone en evidencia la necesidad de revisar y/o
clarificar los criterios de aplicación de la figura de semilibertad
para sentenciados por delitos de alto impacto como el secuestro?

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