Con la intención de robustecer el marco jurídico de
protección a las y los maestros de Chihuahua, el diputado local Oscar
Avitia Arellanes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó
una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación y el Código
Penal del Estado de Chihuahua a fin de establecer sanciones severas a
quienes extorsionen, presenten denuncias falsas o lesionen al personal
docente.
Dicha propuesta
surge a raíz de un aumento considerable de casos de agresiones contra
docentes en el país durante el ciclo escolar 2024-2025, las amenazas y
extorsiones en contra del personal de la educación han obligado a paros
magisteriales en varias entidades.
El
legislador indicó que en Hidalgo hay registros de 840 reportes de
violencia escolar, muchos de ellos contra personas educadoras, mencionó
que casos como el lamentable asesinato de la maestra Fabiola Ortiz
Medina, de 49 años en el Colegio de Bachilleres de Oaxaca el pasado 21
de octubre, ejecutada a manos de un estudiante inconforme por una
calificación han prendido las alarmas.
Resaltó
que en Chihuahua estos hechos no son ajenos: en el ciclo escolar
pasado, el Programa de Convivencia Escolar de la Subsecretaría de
Educación atendió 255 casos de violencia en escuelas, incluyendo
agresiones directas contra el profesorado, desde insultos hasta
confrontaciones físicas; en 2025 familiares inconformes cerraron una
escuela primaria en la capital debido a presuntas agresiones de alumnos
hacia maestros, paralizando el plantel por días.
"La
intención es ampliar la esfera de protección jurídica para las Maestras
y Maestros del Estado, Su función es sumamente importante para la
sociedad, por esa razón debemos tomar todas las medidas necesarias para
que las sanciones por delitos cometidos en contra de docentes en el
ejercicio de sus funciones sean ejemplares", explicó el diputado.
Añadió
que es responsabilidad del Estado “garantizar de forma íntegra el
respeto irrestricto a la esfera jurídica de derechos de las y los
docentes. Dicha situación no puede excluir velar por su integridad moral
y sostener su honorabilidad dentro del desempeño sustantivo de sus
funciones”.
El
diputado por Ciudad Juárez señaló que esta reforma se suma a la
iniciativa de creación del Protocolo para la Protección de la
Honorabilidad de las Personas Profesionales de la Educación, que ya se
está trabajando en comisiones, que buscan propiciar que las y los
docentes puedan desarrollar sus labores en mejores condiciones, en
espacios libres de violencia y además pretenden disuadir la reincidencia
de agresiones.
Para
finalizar, Avitia Arellanes aseguró que se seguirá escuchando a las
maestras y maestros del Estado para crear un marco jurídico que
verdaderamente sea de utilidad en la defensa de sus derechos.
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