Quienes integramos la organización Ciudadanos en Participación Activa (CEPAC), hacemos un pronunciamiento claro y contundente a favor de los productores del Estado de Chihuahua, quienes legítimamente luchan contra las autoridades federales para evitar la extracción indiscriminada del agua almacenada en las presas “La Boquilla”, “Las Vírgenes” y “El Granero”.
Ante tal situación, nos llama nuestra naturaleza como organismo, de velar por la Transparencia y la Participación Ciudadana, y por ello queremos expresar públicamente lo siguiente:
En primera instancia, queremos hacer patente nuestra simpatía con la exigencia por parte de los agricultores de la zona Centro-Sur del Estado, de una solución de fondo a un problema que es real, pues reconocemos la importancia de su trabajo diario para la producción de miles de toneladas de alimentos que brindan certeza a millones de familias no solo del estado, sino del país.
Queremos dejar claro que observamos una alarmante falta de transparencia en el manejo de cifras oficiales por parte de la COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA y de la COMISIÓN INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS (CILA), sección México, en cuanto al registro de volúmenes aportados por las presas de nuestro Estado al Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos, lo que sin duda ha agravado el conflicto.
A esta situación se le suma la incapacidad de combate a la corrupción en el manejo de los recursos hídricos, lo que sin duda ha derivado en la sobreexplotación del agua, problemática que ha persistido a través de los años y que prevalece en la actualidad. Sin embargo, nuestro organismo observa que se están tomando decisiones que implican el despido o la renuncia de funcionarios a cargo del agua en el país, pero consideramos que es por el estallido social generado en Chihuahua y no porque el gobierno haya tomado oportunamente cartas en el asunto.
Lo reprobable del conflicto, es la marcada ausencia de diálogo que ha derivado en el uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, así como en actos intimidatorios, autoritarios y lamentables por parte de quienes están a cargo de la dirección de dependencias federales como la CONAGUA, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), GOBERNACIÓN FEDERAL, entre otras.
Uno de principales ejes de acción de CEPAC es precisamente el diálogo, que consideramos debe estar siempre por encima de cualquier interés personal, político o de diferencias entre los niveles de gobierno, caso contrario a lo que sucede en este conflicto, pues la ruptura en la interlocución de las partes involucradas, propiciada por el Gobierno de México, está generando primera instancia, incertidumbre, confusión y apatía en la ciudadanía, pero también la falta de una solución de fondo.
Por ello, a los representantes de los diferentes niveles de gobierno de México queremos decirles: el pueblo es el mandante de los funcionarios y no de forma inversa; queremos funcionarios públicos abiertos a las expresiones ciudadanas y que no repriman las demandas legítimas de quienes le aportan estabilidad económica y social al país.
Por otra parte, no queremos pasar por alto el reprochable derramamiento de sangre sucedido como consecuencia de la postura gubernamental inflexible, que dejó sin vida a la ciudadana, Jessica Silva, y gravemente herido a su esposo Jaime Torres a manos de elementos de la Guardia Nacional. Ante tal situación, es muy desafortunado que las autoridades federales mantengan a la Guardia Nacional en la zona de conflicto y ejerzan una postura rígida sobre la problemática.
Rechazamos la decisión del Gobierno de México de retirar a sus representantes de las mesas de seguridad del Estado, argumentando que fue a propósito de la situación crítica por las manifestaciones sociales de los productores y líderes sociales de la zona Centro-Sur de la entidad.
Esas son decisiones unilaterales, le dan la espalda a los ciudadanos que tanta necesidad tienen de que los índices delictivos se reduzcan, y que requieren de otro tipo de soluciones para reactivar la economía tan deteriorada.
Por todo lo anterior NO SOLO EXIGIMOS a los diferentes niveles de gobierno UNA SOLUCIÓN INTEGRAL, SINO QUE, CUMPLIENDO CON NUESTRA NATURALEZA CONCILIADORA Y PROACTIVA, PROPONEMOS LO SIGUIENTE:
1.- En esta y cualquier problemática social y política, las autoridades de cualquier nivel de gobierno garanticen el diálogo y la voluntad política para la solución de fondo a los conflictos.
En este caso, consideramos que aún estamos en tiempo de lograr un acuerdo si se reconsidere la postura tomada por el Gobierno Federal, pues a la fecha sus reiteradas manifestaciones mantienen un ambiente de polarización.
Además, hacemos un enérgico llamado a los Diputados locales y federales, para que, independientemente de su bancada, ideología o intereses, levanten la voz ante la autoridad o el nivel de gobierno que corresponda, a fin de que no se permita que se continúe vulnerando los derechos de la sociedad chihuahuense.
2.- Consideramos trascendental para resolver de fondo esta situación, y contribuir al combate a la corrupción en el país, transparentar la información relacionada al uso del agua en el estado, establecer mecanismos de información permanente sobre la contabilización del agua para el cumplimiento legítimo de las obligaciones contraídas, así como para el uso legal y racional del vital líquido en Chihuahua, con la finalidad de poner freno a los actos irregulares que a través de los años han dado como resultado graves afectaciones en materia hídrica en el estado.
3.- Asimismo proponemos, revisar de manera conjunta el tratado a través de mesas técnicas conformadas por expertos en la materia, autoridades y productores, para encontrar en éste las alternativas de solución de conflictos que este mismo otorga.
4.- Es apremiante involucrar a la ciudadanía en el combate a la corrupción a través de su incorporación y observancia en las diferentes dependencias de gobierno. Que, en consecuencia, evitará decisiones unilaterales y autoritarias por parte de quienes ejercen el poder.
5.- Y finalmente, el respeto a las manifestaciones sociales sin politizar el tema, pues debe garantizarse el uso de su derecho personal o colectivo a la libre expresión que jamas estará sujeta a la negociación.
Los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de vigilar que los gobiernos actúen siempre en favor del bien común. Esto es lo que estamos haciendo: Tomando nuestro lugar como ciudadanía, exigiendo que nuestros gobernantes y representantes estén a la altura del pueblo de Chihuahua.
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