Como representantes de la comunidad internacional, condenamos la justificación de las violaciones de la libertad religiosa, la persecución de grupos religiosos y la represión de la disidencia política pacífica por parte de actores de la sociedad civil, incluidos miembros de comunidades religiosas, bajo la apariencia de antiterrorismo u otros imperativos de seguridad. Al tiempo que subrayamos la necesidad de políticas antiterroristas efectivas y respetuosas de los derechos, deploramos el uso indebido y el abuso de las leyes y prácticas para imponer el poder del Estado a expensas del respeto por la libertad religiosa y otros derechos civiles y políticos. Se ha demostrado que las tácticas de seguridad que violan los derechos humanos, fortalecen y validan el reclutamiento terrorista y la radicalización de la violencia.
Por lo tanto, nos comprometemos a seguir apoyando a las personas y comunidades que han sido objeto de violencia terrorista y responsabilizar a los perpetradores del terrorismo mediante el uso de políticas, prácticas y leyes que cumplan con las leyes internacionales de derechos humanos y humanitarias. Cuando trabajamos para prevenir o mitigar los factores que impulsan el extremismo violento y el terrorismo, hacemos hincapié en que nuestras propias acciones y nuestros propios comportamientos son fundamentales para el éxito e instamos a nuestros colaboradores a hacer lo mismo. Promoveremos la rendición de cuentas de los funcionarios gubernamentales responsables de violaciones de la libertad religiosa y otros derechos humanos y alentaremos informes de tales violaciones a través de mecanismos pertinentes, porque la falta de implementación de medidas de rendición de cuentas exacerba los factores causantes del problema, socavando aún más nuestra seguridad en todo el mundo.
Ver contenido original: https://www.state.gov/j/drl/irf/religiousfreedom/284558.htm
Comentarios
Publicar un comentario