"Suplica” Diputada respeto a la división de poderes en Chihuahua


En el marco del cierre del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, la Subcoordinadora de la Bancada del PRI en el Congreso, la legisladora María Isela Torres Hernández se pronunció en  contra de la avalancha de violaciones al principio de la legalidad que ha sufrido la LXV Legislatura.
“Este pronunciamiento, más que un reclamo, es una súplica a quien haya que pedirle que: en nombre de la división de poderes y la democracia que alguna vez fueron sueños para nuestro país y que hoy vivimos como una realidad: ¡Que los actos de ilegalidad terminen!, ¡Que se cumpla la Ley y los mandatos constitucionales!” exclamó la Diputada por el Distrito 02 de Juárez.
Lo anterior tras enumerar los hechos que han puesto en entredicho las decisiones tomadas en el pleno por la mayoría.
“No es posible que en pleno año 2017, vivamos esta clase de abusos cometidos contra nuestra forma de gobierno, un Auditor vetado por el Ejecutivo cuando la facultad de este Poder solo alcanzaba para publicitar dicho nombramiento y no para vetarlo…Una Persona que realiza funciones de Auditor cuyo encargo ya expiró y por otro lado, una evidente violación al artículo 104 Constitucional al designar un miembro del Consejo de la Judicatura que no cumple con los requisitos legales para serlo” continuó Torres Hernández.
Añadió que el predominio de la ley sobre el actuar de la función pública debe regir las decisiones y el desempeño de los funcionarios e implica que todo acto que emane de la Administración, debe apegarse a las disposiciones legales que la rigen y en ninguno de los casos quedar al arbitrio de quien ostenta el cargo.
 “Los procedimientos legales consagrados en nuestra Carta Magna, Constitución local y leyes secundarias, tienen una historia, un precedente y una razón de haber sido establecidas en un sentido” recalcó.   
La legisladora priista, finalizó con un llamado para que cada quién haga lo que le corresponda, a resarcir errores y apegarse a las leyes en actos presente y futuros, a regresarle la seguridad jurídica y el fortalecimiento al Estado de Derecho y sobretodo: a apegarse a los límites y procedimientos establecidos que dictan el actuar de los Funcionarios.

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