Rosemberg Loera Chaparro, presentó este día un exhorto respetuoso a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado

El diputado de Nueva Alianza, Rosemberg Loera Chaparro, presentó este día un exhorto respetuoso a  la  Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado para que intensifique los esfuerzos de coordinación  realizados hasta el momento  con la Delegaciones Estatales de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como con la Comisión Federal de Electricidad.

Lo anterior, con la finalidad de dotar de energía eléctrica las comunidades de la Sierra Tarahumara que carecen de ella, favoreciendo con esto el acceso a la justicia social de las poblaciones afectadas en su derecho elemental al desarrollo social y humano; así como para que éstas últimas faciliten a la brevedad, la información requerida al respecto, para conocer las comunidades elegibles por el Programa de Infraestructura Indígena 2016. Lo anterior en base a la siguiente:

Expuso que el pasado 12 de noviembre del 2013, a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el Congreso aprobó de manera unánime y en calidad de urgente resolución, el Acuerdo Nº 13/2013 durante su Primer Periodo Ordinario de Sesiones.

Mediante este acuerdo, el Poder Legislativo exhortó a las instancias  federales  competentes para que fuesen destinados recursos financieros suficientes para la entidad, de tal suerte que pudiesen ser aplicados en relación a las carencias de servicios básicos  en  los hogares de la región serrana, particularmente de los pueblos y comunidades indígenas, promoviendo el desarrollo social y humano de este importante grupo social. En el mismo Acuerdo, se convocó al Gobierno del Estado para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, realizara acciones de coordinación con las instancias federales, de tal suerte que pudiesen atender las condiciones de inequidad y de rezago social que afecta a diversas comunidades de la Sierra Tarahumara.

Posteriormente, y dedicados a buscar el apoyo de las instancias de gobierno para promover la atención de comunidades específicas, cuyos pobladores reclaman su derecho a la equidad y la justicia social, turnamos la solicitud  de atención de diez poblaciones que carecen de energía eléctrica a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, la cual, por el alto componente de población indígena de dichos lugares, lo turnó a la Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas -por sus siglas CDI-, instancia que respondió con la negativa a dicha solicitud con el argumento de que, salvo una de las diez,  las poblaciones necesitadas del servicio no fueron previstas como elegibles en las Reglas de Operación del Programa  de Infraestructura Indígena 2014.

A la fecha, y transcurridos más de dos años de la aprobación del Acuerdo Nº 13/2013, así como un tiempo similar de las solicitud específica para atender diez  comunidades que en ese tiempo carecían de energía eléctrica, hemos vuelto a requerir a las autoridades competentes información para conocer el Convenio de Coordinación 2016, que nos permita saber cuáles de las comunidades elegibles para el Programa de Infraestructura Indígena en este año, tienen posibilidades de ser atendidas para abatir las deficiencias en materia de energía eléctrica, puesto que la información respectiva que aparece  en los archivos electrónicos de la CDI, aunque señala las comunidades elegibles  para el programa, no es específica para conocer el tipo de infraestructura, la cual bien puede ser de otro tipo y no atender de nueva cuenta la necesidad de energía eléctrica de los pobladores de la sierra Tarahumara.

“Creemos importante insistir ante la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, para que este asunto no sea turnado para su atención exclusiva a las instancias federales, como sucedió con el planteamiento de atención a las comunidades sin servicio de energía eléctrica, porque, a pesar del alto componente indígena de estas poblaciones, es sobre todo, responsabilidad de la administración estatal atender a los chihuahuenses en su elemental derecho de justicia social, y más aún si las necesidades de los servicios básicos se presentan en las comunidades que habitan los pueblos originarios de Chihuahua”, expresó el legislador.