Si a evaluar vamos.

Por: Víctor M. Quintana S.

Una fiebre evaluadora recorre este país. Los medios oficiales y los no tanto promueven linchamientos morales del magisterio, no sólo del que rechaza la evaluación, sino de quienes la critican, señalan su carácter punitivo y su endeble fundamento técnico. 

Para contener o vigilar al magisterio que va a ser evaluado se han destacado contingentes de  la Policía Federal, que no se han puesto al servicio de las verdaderas causas, como limpiar de narcos a los asolados municipios de la sierra y del occidente de Chihuahua.

Muchas buenas conciencias señalan que es necesario que se evalúe a los maestros, y tienen razón. El asunto es quién los evalúa, para qué y cómo. Ahora bien, si hay que evaluar al magisterio de todos los niveles porque presta un servicio público y es pagado con recursos públicos, habría que continuar el afán evaluador con (o ¿contra?) otros servidores, representantes, funcionarios, que también prestan un servicio o realizan una función pública y son hasta más bien pagados con recursos, también del erario:

• ¿Por qué no evaluamos al Presidente de la República y a todo su gabinete? Prometió tasas de crecimiento económico que no se han cumplido, incluso en el peor de los escenarios que él previó. Sus reformas no han logrado los efectos esperados. El número de personas en pobreza se ha incrementado en dos millones. El peso se ha devaluado y la deuda interna y externa del país se ha incrementado.

• ¿Por qué no evaluar a las y los legisladores federales? A pesar de que tienen ingentes ingresos por dietas y otras prestaciones y ayudas. ¿Cuántos de ellos cumplen realmente su labor? Y si la cumplen, ¿es justo que por ello perciban diez, quince, veinte veces más que un maestro?  Lo mismo podría decirse de los legisladores de los congresos locales. ¿No seria bueno someterlos a una evaluación externa que nos diga lo que no dicen sus auto laudatorios y pomposos "informes legislativos"?

• ¿Por qué no evaluar a los altos funcionarios del Poder Judicial Federal? Son los mejores pagados de este país, tanto en salarios directos, prestaciones, bonos, camionetas blindadas, choferes, gastos de representación, ayuda para adquisición de bibliografía. ¿La Nación debe pagarles tanto por proceder con justicia?  Es decir, ¿hay que pagarles salarios injustos -en contextos, incluso de países ricos- para que sean justos?

• ¿Por qué no evaluar a gobernadores y presidentes municipales? De acuerdo, no sólo a lo que cumplen de sus promesas, sino también de acuerdo a criterios claros de desempeño, a indicadores objetivos observables. Evaluaciones que llevarían a cabo, no congresos ni cabildos a modo, sino instancias ciudadanas, académicas, organismos verdaderamente autónomos.

• A propósito, ¿por qué no evaluar también a los llamados “organismos autónomos”? Hay que ver, en primer lugar, si a pesar de lo mucho que le cuestan al contribuyente, operan con verdadera autonomía con relación al gobernador, para el caso de Chihuahua. O al Tribunal Estatal Electoral cuyas sentencias nos cuestan un promedio de ocho millones de pesos. O a los institutos de transparencia y acceso a la información pública cuya práctica es una contradicción en términos de su nombre.
• ¿Por qué no evaluar a los partidos políticos? Es verdad que son rigurosamente auditados, sobre todo los de oposición. Pero habría que ver si justifican realmente el ser entidades “de utilidad pública”, si educan en la democracia, en la participación ciudadana, en la rendición de cuentas. Y si los recursos que reciben son proporcionales a los resultados que ofrecen.

• ¿Por qué no evaluar a los medios de comunicación subsidiados por los gobiernos?  En Chihuahua el presupuesto de comunicación es mayor que el de la mayoría de municipios del estado. Pero, ¿con qué criterios se asigna a los diferentes medios?
• ¿Hay transparencia en el modo y en el monto que se les da? ¿Los medios cumplen con su función de informar y promover el espíritu crítico? ¿O se les paga sólo para que hagan propaganda abierta y encubierta al gobierno?

• ¿Por qué no evaluar a los concesionarios de radio y televisión?  Habría que ver si emplean el espectro radioeléctrico, que es público, en función del interés general, del bien común. Si informan con veracidad, si están abiertos a la pluralidad de opiniones, si promueven las mejores expresiones culturales. Si son vehículos para promover los peores hábitos en el comer (por eso no digo “alimenticios”).

Así podríamos seguir con una lista casi inagotable de personas, organismos, o instancias “evaluables”: los concesionarios del transporte, los servicios médicos públicos y privados; los desarrolladores de vivienda, las iglesias, etc. etc.

Si como ciudadanos tenemos derecho a arrojar la primera piedra del “evalúese”, debemos cuidar que le pegue por igual a todos quienes operan un servicio público o reciben una concesión o un permiso. Entonces, sí, para evaluar a tanto tránsfuga de la rendición de cuentas, no nos sería suficiente ni siquiera la vigilancia del Ejército Rojo de la República Popular China.