En relación a la opinión que con fundamento en el segundo párrafo del artículo 96 de la Constitución Política del Estado; 12, penúltimo párrafo y 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,presenta ante este H. Congreso del Estado la Comisión Especial de Análisis del Segundo Informe de Gobierno sobre el estado que guarda la administración pública estatal, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza por mi conducto, hace patente su reconocimiento a los titulares de las diversas dependencias de gobierno por los avances que se han obtenido áreas de fundamental importancia para el desarrollo de la sociedad chihuahuense.
No pasa para nosotros desapercibido que el esfuerzo institucional que se realiza, ha tenido como resultado mejoras sustanciales en diversos rubros de orden económico y social; sin embargo, sería irresponsable de nuestra parte no destacar la imperiosa necesidad de abatir las debilidades que aún persisten, y que requieren la evaluación cuidadosa de los titulares de cada una de las dependencias del ejecutivo para, en coordinación con el responsable de la políticas públicas de la entidad, rediseñar y reorientar tanto las acciones a realizar, como la programación de los recursos para invertir durante este último periodo de gobierno.
En nuestra opinión adicional, la cual hicimos patente ante la presencia de los titulares de las áreas de gobierno que acudieron a este Órgano Legislativo, destacaremos solamente algunos aspectos sobre los que, durante este periodo legislativo hemos señalado con insistencia la necesidad de invertir recursos públicos bajo los principios de equidad y justicia, y respecto a los cuales seguimos observando con preocupación, que siguen sin ser atendidos como prioridades para la administración pública estatal.
Por lo que respecta a la Secretaría de Economía, en lo relativo a los proyectos de inversión a desarrollarse, la creación de microempresas y la generación de empleos, la inequidad resulta muy evidente, pues esta dependencia sólo describe y contempla un proyecto de artesanías a favor de las personas de la etnia Tarahumara; por lo demás, de los 56 proyectos previstos para instalarse en los próximos 18 meses, en los cuales ya se contempla los municipios que resultarán beneficiados, en ningún caso la Secretaría considera a los municipios serranos. Este ejercicio, en el cual se da prioridad a las zonas urbanas, se sumaría al de 30 proyectos que se impulsaron en 2014 con una inversión de 191 millones de pesos, generando empleos en los municipios de Chihuahua, Juárez, Delicias, Casas Grandes, Jiménez, y que contempla un solo municipio serrano, y es el de Balleza.
En la información correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Social, nos llama la atención el diagnóstico que la dependencia señala haber realizado a través de la Coordinación Estatal de la Tarahumara en coordinación con el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa, pues refiere que se evaluaron las condiciones de infraestructura para efectos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de 362 albergues y escuelas de la Sierra Tarahumara. Para el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, esta acción es prioritaria, y así lo ha manifestado desde el inicio de esta legislatura, planteando la urgente necesidad de que el ejecutivo estatal invierta recursos públicos en materia de infraestructura educativa regido por los principios de equidad y justicia, por lo cual consideramos que más allá del diagnóstico, la dependencia, en coordinación con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, a cuyo titular también le planteamos en su visita a este Honorable Congreso la atención a los Centros de Integración Social, deben mostrar los resultados del diagnóstico y el proyecto de atención a las escuelas y albergues de educación indígena debidamente dosificado en metas concretas, y lo más importante, reflejarse en el presupuesto de egresos del próximo ciclo fiscal.
Por otro lado, consideramos que resultaría de gran apoyo para cumplir con la obligación establecida para ambas partes, que los responsables de la administración pública sean más precisos en el Informe que, obligados por la Constitución que nos rige, presentan ante el Poder Legislativo, puesto que en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, en lo relativo a la conservación y pavimentación, rastreo y rehabilitación de caminos rurales, si bien nos informan sobre la cantidad de kilómetros en los que se ha aplicado recurso público, no se especifican los municipios favorecidos, para que este Órgano pueda analizar la posibilidad de orientar sus propuestas respecto al presupuesto público por autorizar. Por citar un ejemplo, de acuerdo al Informe de Gobierno 2014, los municipios de Guachochi y Guadalupe y Calvo no recibieron el beneficio de la aplicación de recursos financieros del programa de Construcción de Caminos Rurales Pavimentados con aportación del gobierno estatal. Ante la imprecisión de la información recibida en esta ocasión, desconocemos entonces si el Acuerdo que al respecto emitió este H. Congreso del Estado en el mes de noviembre, tuvo impacto en las regiones más necesitadas de mejorar sus vías de comunicación.
Finalmente, para nuestro Grupo Parlamentario es importante hacer énfasis en otro de los temas que recientemente hemos planteado en esta Tribuna, al solicitarle al Gobierno del Estado, que a través de las instancias competentes aplique los mejores instrumentos institucionales a su alcance para garantizar el derecho humano a la vivienda digna, puesto que, a pesar de que en el Informe sobre el cual se vierte la opinión de este Órgano Legislativo, la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del Estado de Chihuhaua refiere el otorgamiento de materiales para mejoramiento y construcción de vivienda, así como la donación de suministros para la rehabilitación a en zonas urbanas y rurales de los municipios de Juárez, Chihuahua, Ojinaga, Coyame del Sotol, Satevó, Saucillo, Rosales, Julimes y Nonoava, salvo el caso de éste último, ninguno de los demás municipios favorecidos con los apoyos, supera el 10 por ciento de carencias en la calidad y espacios de la vivienda, y ningún municipio de la zona serrana, en los cuales se alcanzan grados de carencia de hasta el 94 por ciento, aparece en el informe de la COESVI como beneficiario del programa de mejoramiento, construcción y rehabilitación de vivienda, por lo cual derivado del informe, consideramos que de nueva cuenta la falta de distribución justa y equitativa de los recursos públicos, lástima a las familias de la región serrana. Esta afirmación se consolida de manera cotidiana cuando, ante la gestión realizada con la COESVI, para apoyar a las familias necesitadas de la respuesta ha sido negativa, con el argumento de falta de recursos. En nuestra opinión, es imprescindible que la Comisión Estatal de Vivienda reoriente su política de administración y aplicación de los recursos públicos.
El Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hace énfasis una vez más, en la necesidad de que en todos los proyectos que la administración pública diseñe para la atención de los chihuahuenses, debe tenerse como premisa la equidad y la justicia social. Solamente de esa manera, será posible garantizar la atención a los derechos fundamentales de las y los chihuahuenses en condiciones de mayor rezago, y propiciar las condiciones para el desarrollo sostenible.
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