En días pasado, ante la queja interpuesta en la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, rescató a más 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones ilegales, insalubres y de miseria salarial en los campos agrícolas de Comondú en aquélla entidad; de acuerdo a datos de la dependencia, los trabajadores -hombres, mujeres y niños, fueron reclutados en Creel, Chihuahua, y trasladados con engaños para trabajar en esa población.
Pendientes del seguimiento y atención que las instituciones gubernamentales, tanto federales como de nuestra entidad han dado al asunto que nos ocupa, debemos reconocer hoy, que el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Desarrollo Social, han acudido hasta el lugar de los hechos de manera inmediata, teniendo una actuación afortunada y oportuna ante la lamentable situación que presenta señales de explotación en contra de nuestros hermanos tarahumaras, lo que incluso pudiera llegar a ubicarse dentro del tipo penal de trata de personas.
Actores importantes en la responsabilidad gubernamental de nuestro estado, ante estos hechos desafortunados, han planteado que en los campos agrícolas de Chihuahua, los jornaleros migrantes no viven situaciones tan lamentables como las que quedaron al descubierto en Baja California, y se han presentado datos que manifiestan un quehacer institucional dedicado a la protección y el cuidado de los trabajadores del campo en condición de migrantes.
No podemos negar que en nuestra entidad hay avances en relación al tema que nos ocupa. Es cierto que con el apoyo de recursos del gobierno federal y con inversión estatal, se han construido 14 albergues para ofrecer dormitorio, comedores, espacios educativos y estancia a las familias de los jornaleros, y también es cierto que las acciones de inspección se han incrementado, reduciendo los casos en los que se atenta contra la dignidad y los derechos humanos de los jornaleros migrantes; sin embargo, debemos ser muy realistas y reconocer las debilidades propias de toda sociedad en desarrollo, para asumirlas y enfrentarlas con el liderazgo que caracteriza a los responsables de los destinos de nuestra sociedad.
En el mes de noviembre pasado, quedaron en evidencia sucesos similares en la región de Ojinaga, que nos mostraron una realidad que puede ser replicada en otros espacios de la entidad si no permanecemos atentos; en aquellas fechas, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza presentó una propuesta aprobada por el Pleno de este H. Congreso de manera unánime, para exhortar a las instancias competentes, a fin de que se efectuaran acciones inmediatas con el propósito de cumplir con su responsabilidad establecida en los Tratados Internacionales, la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, respecto a la garantía del derecho al trabajo digno de los trabajadores jornaleros migrantes y sus familias.
En el mes de julio de 2014, sabedores de que las vicisitudes de los jornaleros migrantes no sólo se presentan en los lugares de destino, a iniciativa de nuestro Grupo Parlamentario se aprobó el Acuerdo No. 137/2014, mediante el cual exhortamos a las autoridades competentes del orden federal y local para que, a través del esfuerzo conjunto, coordinasen acciones que permitan construir un albergue y otorgar apoyos de salud y alimentación en la ciudad de Guachochi, Chih., para las familias de los pueblos y comunidades indígenas y rurales de la región, que en el proceso de tránsito hacia los campos agrícolas de la Entidad o del País, acuden en busca de empleo como jornaleros agrícolas, sin tener resultados al respecto.
Con un propósito de lograr la vigilancia de las autoridades del trabajo y previsión social en la región serrana para proteger las condiciones laborales y prestacionales de los trabajadores locales, propusimos la creación de dos inspectorías del trabajo en los municipios de Guadalupe y Calvo y Guachochi, propuesta aprobada mediante el acuerdo 66/2014 también por el Pleno Legislativo, sin tener respuesta hasta la fecha.
En el mismo mes de noviembre pasado hemos propuesto adicionar un artículo 10 Bis a la Constitución Política del Estado, en lo concerniente a las obligaciones de las autoridades gubernamentales del orden estatal y municipal, respecto a los derecho fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas para establecer, según la fracción IX de nuestra iniciativa, políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio estatal como municipal, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas y sus familias, y velar por el respeto de sus derechos humanos.
Con estas y otras acciones, resulta evidente que en el H. Congreso del Estado tampoco hemos permanecido ajenos ni de brazos cruzados ante el fenómeno que hoy, en otra entidad federativa, nos dice que las reformas a la Ley Federal del Trabajo realizadas hace apenas dos años, con plena dedicatoria a los trabajadores del campo, y los preceptos constitucionales para respetar y garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores jornaleros migrantes, deben ser la norma que guíe el actuar inmediato de las autoridades chihuahuenses para redoblar el esfuerzo que se ha venido haciendo en coordinación con el gobierno federal en la atención al asunto que nos ocupa.
Hoy el Gobierno del Estado de Chihuahua, ante el suceso que en otra entidad atentó contra nuestros hermanos tarahumaras, ha iniciado un proceso interesante de atención a los indígenas mediante la instalación de una mesa multidisciplinaria en la que se integrarán las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y las del Trabajo y Seguridad Social, el DIF estatal y la Coordinación Estatal de la Tarahumara. Esta acción que sin duda es una de las más esperadas para proteger y garantizar los derechos humanos de los indígenas de Chihuahua y respecto a la cual felicitamos la iniciativa del Ejecutivo Estatal, tendrá significativa relevancia en la respuesta institucional que nuestro gobierno debe dar al lacerante fenómeno de los jornaleros migrantes, porque los sucesos que hemos conocido, deben ser el parteaguas para definir el futuro de las políticas públicas locales en la materia, las cuales deben ser planteadas con entereza total, enfocadas a la obtención de datos certeros que permitan a la autoridades competentes actuar preventivamente de manera eficaz, con pleno respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores jornaleros migrantes locales y foráneos, porque según informes de Amnistía Internacional, la invisibilización deliberada de los jornaleros descansa, entre otras cosas, en la omisión en estadísticas oficiales, en su exclusión en las políticas públicas educativas, laborales, prestacionales y de desarrollo social, y en el trabajo ilícito de menores.
Desde esta Alta Tribuna, reconocemos el trabajo realizado, y hacemos un respetuoso llamado para que en Chihuahua, las instituciones responsables del Trabajo y la Seguridad Social y las de Desarrollo Social, así como las Delegaciones Federales del ramo, mantengan e intensifiquen los esfuerzos institucionales aplicados hasta ahora en la protección de los trabajadores del campo, de tal suerte que nos permitan cumplir con el precepto constitucional que obliga a las autoridades desde los diversos ámbitos de competencia, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los jornaleros agrícolas migrantes de Chihuahua y de otras entidades.
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