Por
este conducto, y en representación de la coalición parlamentaria que
conformamos los Grupos de los Partidos Verde Ecologista de México, del Partido
del Trabajo, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Nueva
Alianza, así como la representación del Partido Movimiento Ciudadano, los
cuales hemos acordado el análisis y posicionamiento respecto a los temas de la agenda institucional,
planteados en el IV Informe del Gobierno del Estado, hago uso de este espacio
para fijar nuestra postura en lo relativo al tema de desarrollo rural en Chihuahua.
La Secretaría de Desarrollo Rural, tiene
previsto desde su misión entre otras cosas, impulsar el desarrollo integral de
las comunidades y las familias del campo chihuahuense, con equidad y justicia
social. Hoy, derivado de este compromiso institucional, el IV Informe de
Gobierno nos plantea acciones importantes mediante las cuales se ha apoyado los
diversos sectores productivos con inversiones millonarias, que han permitido
situar a Chihuahua en el primer lugar nacional en producción de algodón, durazno, manzana,
nuez, chile, alfalfa, cebolla y avena; y
el cuarto lugar nacional como productor de leche. Esto indudablemente está
sucediendo como históricamente ha sucedido, gracias a la intensa actividad que
los productores despliegan en sus campos de cultivo, en sus huertos frutícolas,
y con sus hatos ganaderos; y desde luego que debemos de reconocer que influyen
para esto, los apoyos económicos de los programas del gobierno, tanto federal como del estado. Sin
embargo, en muchos de los casos, los productores siguen esperando una mejor respuesta de parte
de los distintos órdenes de gobierno para que sus productos sean debidamente
valorados en el mercado. Señálese si no, entre otros, el caso del mercado de la
manzana por ejemplo, el cual se ha visto
enormemente afectado por la introducción de frutos extranjeros que son puestos
en el mercado con menor calidad y mejor precio, lastimando el patrimonio familiar
de quienes en ello han invertido enormes esfuerzos, golpeando seriamente la
economía estatal y generando un fuerte
impacto en el empleo de la mano de obra chihuahuense.
Por otro lado, es justo
reconocer los apoyos del gobierno estatal a través de la Secretaría de
Desarrollo Rural para mejorar los precios y puesta en el mercado de productos
agrícolas como el maíz y el frijol, los cuales, a pesar de los embates del
mercado extranjero, siguen siendo base de la alimentación de nuestra sociedad.
La producción de estos dos insumos básicos, es un tema que a nuestro juicio,
requiere un análisis profundo, debido a que en los últimos veinte años o más,
grandes extensiones de campos temporaleros en Chihuahua se encuentran ociosas,
por lo cual requieren atención prioritaria para reactivar su vocación
productiva, mediante políticas públicas cuidadosamente planeadas de manera muy
específica para reactivar la agricultura en esos espacios. Al respecto,
consideramos que es fundamental también la implementación de acciones que, en
coordinación con las delegaciones del gobierno federal, revisen los programas para el destino de recursos
federales y del estado destinados a la producción agrícola, cuyo propósito sin
duda es loable, pero que han sufrido un serio desgaste debido a que un
importante número de campesinos utilizan los recursos sin una supervisión, dejando de impactar realmente
en la producción de estos alimentos, respecto a los cuales Chihuahua sigue
siendo uno de los principales productores a pesar de los fenómenos que hemos
citado, además de muchos otros problemas que viven los campesinos de la
Entidad.
Preocupados
por conocer acerca de los datos estadísticos de algunos programas que
benefician a los productores chihuahuenses, accedimos a datos del año 2013 que
nos llaman la atención, y que hoy nos interesa plantear en esta Tribuna, con el
propósito de coadyuvar desde nuestra responsabilidad, y con el debido respeto a
la división de poderes, para lograr un mayor beneficio que tenga como destino a
los municipios y comunidades rurales y serranas. Se trata de, al menos tres programas, mediante
los cuales los productores del campo, de la ganadería y la acuacultura, reciben
en Chihuahua importantes recursos del gobierno.
En el Programa
de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural por
ejemplo, suman 250 los agricultores
cuyos folios fueron aprobados, lo cual afortunadamente supera el 85%. Sin
embargo, el dato relevante es que las comunidades de la sierra, en el padrón de
beneficiarios apenas son 21 de 9
municipios serranos. Y llama la atención que de los montos, los cuales fluctúan
entre los 49 mil, a casi 5 millones de
pesos, los más importantes -entre 1 millón 500 mil, 2 millones y 4 millones 873
mil pesos-, son para productores del Municipio de Chihuahua; los demás, que son
de municipios rurales y serranos, apenas si reciben entre 35 y 110 mil pesos.
En el Programa
de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, las inversiones más
importantes también impactan principalmente a los municipios urbanos. El caso
más emblemático es el de un proyecto en el padrón, que beneficia con 21
millones 250 mil pesos a un grupo de productores, y su origen también es el
municipio de Chihuahua. Respecto a los restantes, del total de 17 comunidades
de diversos municipios, sólo uno es de la región serrana, y este corresponde al
Municipio de Balleza.
En
materia de pesca, los proyectos productivos presentados para su aprobación, relacionados
con los productores de peces, suman 158, de los cuales solamente 43 fueron aprobados;
esto implica apenas el 27 por ciento de los proyectos que aspiraban a recibir
apoyos de los gobiernos federal y del estado. Como dato adicional que nos
refleja una vez más la ausencia de apoyo a los productores de peces de la
región serrana y rural, es que todos los proyectos aprobados son únicamente del
Municipio de Chihuahua, el cual recibió un total de 6 millones 191 mil 906
pesos, y ni un solo peso fue destinado a la sierra chihuahuense, en la que los
productores de peces, por sus propios medios luchan para obtener, desde las
concesiones de CONAGUA, hasta apoyos económicos del gobierno.
Lo anterior
refleja el grado de organización que es posible alcanzar en municipios urbanos
que tienen al alcance los medios de capacitación e información para resultar
beneficiados de los proyectos productivos, y recibir las aportaciones federal y
del estado, lo cual es loable y resultaría hasta plausible, si no quedara de
manifiesto otra vez la inequidad para los productores de las áreas geográficamente
desprotegidas.
Derivado de estos datos, es imperante
que los campesinos, los productores forestales, acuícolas y ganaderos, cuyo
propósito es el de mejorar sus condiciones y su nivel de vida, y de paso integrarse
a la economía estatal mediante proyectos
productivos, reciban los apoyos de
orientación, capacitación y organización de parte de las instituciones
responsables, con fundamento en lo que, para la Secretaría de Desarrollo Rural,
establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Con
fechas recientes, el trabajo que de manera conjunta se ha realizado entre este
Órgano Legislativo y la Secretaría de Desarrollo Rural con los productores
agrícolas y ganaderos de Chihuahua, ha dejado evidencia que los instrumentos
legales que se han construido para trabajar a favor de un desarrollo rural
sustentable, no se han puesto en práctica con la pertinencia, la oportunidad y la premura que este importante
tema requiere, por lo que es necesario que las instituciones trabajemos de
manera más estrecha, para que los beneficios de la Ley, expresamente reformada
para conciliar la producción del campo con la sustentabilidad, sean efectivos;
de lo contrario estaríamos ante letra muerta que en nada beneficia al
desarrollo sustentable que tanto requiere Chihuahua.
Desde
esta Tribuna, reconocemos los resultados que hasta hoy, ha tenido el Gobierno
del Estado a través de esta Secretaría, respecto al extraordinario proyecto
para el almacenamiento de aguas pluviales, mediante la construcción de
importantes presas que favorecerán sin duda al campo chihuahuense, acción sin precedentes en nuestro estado; así como las acciones a favor de la reforestación, al tratamiento de
aguas residuales y las energías
alternativas. Al respecto, solamente plantearíamos la necesidad de redoblar el
paso para poder aprovecharlos sin reservas y con equidad a favor del campo
chihuahuense.
Otro tema sobre el
cual el Informe de Gobierno no nos ofrece datos, es el trabajo que a favor de
la capacitación y orientación sobre el conocimiento de la Ley y las Normas
Oficiales Mexicanas que se relacionan con el tema, se requiere entre los
productores agrícolas, forestales y
ganaderos; pues de las mesas de trabajo que recientemente se han
realizado, resulta evidente la necesidad de fortalecer entre la gente del campo
chihuahuense la cultura de la legalidad, auxiliándolos con la información que
les permita el dominio de los esquemas normativos que les lleve a ser más
competitivos en el mercado nacional e internacional, para continuar el
crecimiento que evidentemente se ha mantenido, mediante el gran esfuerzo que
realizan apoyados por los distintos órdenes de gobierno. Se trata de la
suficiencia alimentaria, y se trata
también de fortalecer con todo el poder de las instituciones, a la clase
campesina, forestal y ganadera que provee de sustento a los chihuahuenses.
Finalmente,
hacemos un reconocimiento a la Secretaría de Desarrollo Rural por los avances
obtenidos, patentes en el IV Informe de Gobierno. Sin embargo creemos necesario
exhortar a la misma para que dirija sus acciones
de manera imperativa, concreta, y con políticas públicas útiles a fin de lograr
el desarrollo pleno de los más vulnerables, de los que requieren orientación,
de los que tienen derecho al trato con
equidad. De visualizarlos como prioritarios para acceder a los programas que
les pueden ofrecer grandes oportunidades no sólo para el beneficio propio, sino
para el Chihuahua productivo, y con vocación de sustentabilidad que nuestra
sociedad requiere; entonces podremos hablar que efectivamente, se apoya a esa
parte del campo chihuahuense que necesita ser tratado con verdadera justicia
social.
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