Dictamen Convención Derechos de la Juventud

Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Juventud y Deporte, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, somete a la consideración de este Alto Cuerpo Colegiado el presente dictamen, con base en los siguientes

A N T E C E D E N T E S

I.-  A estas Comisiones Unidas les fue turnada, para estudio y dictamen, Iniciativa de Decreto presentada por los Diputados Rosemberg Loera Chaparro y Gustavo Martínez Aguirre, por medio de la cual proponen el envío de un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que turne el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes ante el Senado de la República, para su correspondiente ratificación, así como al Gobierno Federal y del Estado de Chihuahua para que establezcan el diseño de políticas públicas que permitan promover, respetar, proteger y garantizar el derecho al trabajo decente para las y los jóvenes de Chihuahua.

II.- La iniciativa se sustenta bajo los argumentos que a continuación se detallan:

“Atendiendo la recomendación de la Conferencia Mundial, la Organización de las Naciones Unidas a través de su Asamblea General declaró el 12 de agosto de cada año, como el Día Internacional de la Juventud en 1995, y aprobó el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, que estableció un marco normativo y directrices para la adopción de medidas nacionales y la prestación de apoyo internacional con miras a mejorar la situación de este importante sector social, el cual representa para todos los países, la enorme posibilidad de su propio desarrollo, en la medida de que las políticas públicas que éstos diseñen, permitan a la juventud participar activamente en los diversos ámbitos de la vida nacional.

El Día Internacional de la Juventud que recién transcurrió ayer martes, ha sido el marco referencial para replantear la necesidad de atención que las y los jóvenes requieren por parte de los diversos niveles de gobierno, y hoy, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hace un llamado respetuoso a las Instituciones del Estado Mexicano para que atendamos nuestras obligaciones primarias con quienes determinan a partir de su consolidación como profesionistas, empresarios, o de su desarrollo personal como campesinos, obreros o incluso desde la informalidad, la forma de construir y fortalecer la sociedad mexicana, o en el caso que más nos importa, la sociedad de Chihuahua.

Recientemente los esfuerzos dirigidos por los organismos internacionales hacia este sector de fundamental importancia para el desarrollo social y económico, están teniendo un destacado significado por su acertada visión al poner en la mesa de las discusiones a las y los jóvenes como sujetos específicos de derechos humanos, sin embargo, y a pesar de algunas acciones importantes que nuestro gobierno ha realizado, se ha puesto de manifiesto que, a pesar de los tratados y convenios internacionales de los que México forma parte, nuestro País ha desatendido su obligación básica de garantizar los derechos fundamentales de quienes constituyen la llamada "ventana de oportunidad demográfica", y que entre muchas otras, la de la productividad, que le permitiría aprovechar la fuerza de trabajo sea profesional o no, de millones de jóvenes para el crecimiento económico del País, se diluya significándole posteriormente una carga social que la sociedad no podrá soportar, tal y como lo han demostrado los muy recientes fenómenos sociales en los que los jóvenes e incluso los niños, han sido, ante la falta de oportunidades reales de empleo para ellos o sus familias, los principales protagonistas.

Reconocido en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 23, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 6, y previsto en el artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como en nuestra propia Constitución local, el derecho al trabajo decente es el derecho fundamental humano respecto al cual toda persona debe tener a su favor la protección del Estado Mexicano para ser ejercido plenamente.

Incluidos de manera natural como un importante sector de la sociedad que no sólo debe ser contemplado por las diversas instancias de gobierno, sino que hoy levanta su voz desde diversas trincheras para pronunciarse por la garantía de ese derecho fundamental, están las y los jóvenes de México, los cuales representan la quinta parte de la población total con más de 20 millones de personas entre los 15 y los 24 años de edad; y particularmente los de Chihuahua quienes, de acuerdo a las cifras oficiales aportadas por el INEGI, hacia 2013 se contabilizaban en 921 mil jóvenes de 15 a 29 años, lo que significa un 22.5 por ciento de la población total en la Entidad.

A pesar de que la lucha cotidiana de los jóvenes mexicanos por encontrar un empleo que les permita hacer efectivas sus expectativas de vida, a nivel nacional apenas cuatro de cada diez jóvenes trabajan, mientras que en Chihuahua, el mayor porcentaje de desocupación se refleja en los jóvenes de 20 a 24 años, y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 43.2% de los jóvenes de 25 a 29 años, que han concluido sus estudios profesionales, laboran en actividades desvinculadas de su profesión, en tanto que en los jóvenes con un bajo nivel socioeconómico este porcentaje aumenta al cien por ciento.

Derivado de la realidad planteada estadísticamente, cuyo impacto resultará dramático si el desempleo entre la juventud sigue la línea ascendente que ha mantenido como producto de los esquemas aplicados por los sistemas económicos nacionales y globales, y en la cual las cifras de la tasa de desocupación abierta tiende a acentuarse entre las mujeres, la población joven con mayor nivel de estudio y los jóvenes urbanos, en los últimos años, acciones institucionales importantes están generando altas expectativas para que los gobiernos del mundo trabajen en iniciativas encaminadas al fortalecimiento de las políticas públicas y de la cooperación internacional, con el propósito de mejorar los sistemas de protección social dirigidos a jóvenes. La Declaración de Lisboa de 1998 por ejemplo, es uno de los Tratado de las Naciones Unidas en el cual los Estados Parte se comprometen a afianzar, en su artículo 53, -cito-textual-: “…el objetivo último del pleno empleo, de forma que todos los hombres y mujeres jóvenes tengan iguales oportunidades de conseguir un trabajo remunerado".

Por otro lado, la Organización Iberoamericana de la Juventud, un organismo internacional de carácter multigubernamental compuesto por 21 países entre los cuales se encuentra México, creado en 1992, y cuyo principal objetivo es la inclusión e integración de las juventudes a través de políticas públicas para promover el diálogo, la concertación y la cooperación en materia de juventud entre los países iberoamericanos, en adición a los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, redactó la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud, exponiendo la necesidad de que los jóvenes cuenten con el compromiso y las bases jurídicas que reconozcan, garanticen y protejan sus derechos, dentro de los cuales, en su artículo 26 destaca el derecho al trabajo y a la especial protección del mismo, así como el compromiso de adoptar las políticas necesarias que fomenten la inserción y calificación de jóvenes en el trabajo, documento que al ser ratificado, resulta en obligaciones pactadas por quienes así lo acepten.

Nuestro País desde 2005 suscribió el Tratado mencionado, el cual es el documento más significativo en materia de derechos humanos para la juventud, el único instrumento a nivel internacional que reconoce a las y los jóvenes como sujetos plenos de derechos, y que establece que los gobiernos deben de garantizar acciones que los protejan y como tal, forma parte del patrimonio jurídico de la humanidad, por lo cual pudiéramos destacar que resulta altamente benéfico para el proyecto social de nuestro País, el hecho de que México haya firmado este documento. Sin embargo la realidad mediante la cual el gobierno mexicano maneja las políticas públicas en relación a la juventud, resulta muy diferente, puesto que han trascurrido 9 años sin que la Secretaría de Relaciones Exteriores cumpla con el protocolo respectivo para que el Tratado pueda ser ratificado, lo cual le dará plena validez para obligar al gobierno a actuar conforme a los compromisos establecidos en la Convención; y no obstante que han sido enviados por lo menos cinco exhortos en varias ocasiones por parte ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Unión para que la Secretaría turne el expediente de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes ante el Senado de la República, y se lleve a cabo su ratificación, como lo establece la fracción del artículo 76, de nuestra Carta Magna, la dependencia gubernamental ha hecho caso omiso de los requerimientos señalados.

Es cierto también y muy loable, que diversos grupos parlamentarios han propuesto instrumentos jurídicos para incentivar fiscalmente a las empresas que contrataran a jóvenes profesionistas recién egresados. Ya en 2010, desde el Senado de la República se planteó una propuesta de Ley de Fomento al Primer Empleo, la cual derivó finalmente en reformas fiscales de carácter temporal a la ley hacendaria; y actualmente está siendo revisada la Iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa de Ley de Fomento al Primer Empleo para Jóvenes Estudiantes y Egresados de Educación Superior; sin embargo estas propuestas olvidan a los jóvenes sin empleo que, por sus condiciones socioeconómicas y que habitan el medio rural, no han tenido la oportunidad de acceder a una profesión.

El Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, reconoce en el Gobierno de la República y de manera muy especial al Gobierno del Estado de Chihuahua, los esfuerzos que en materia de educación profesional se han hecho, y la intensa actividad vinculante entre las currícula del nivel superior y el sector productivo; sin embargo los datos estadísticos respecto al empleo entre la juventud, la falta de ratificación por parte del Gobierno Federal a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, así como la ausencia de objetivos claros en el Plan Sectorial del Instituto Chihuahuense de la Juventud respecto a políticas públicas direccionadas a garantizar el derecho al empleo por ejemplo, nos demuestran la necesidad de redoblar el paso para poder hacer efectivo, además de otros derechos humanos fundamentales, el derecho al trabajo decente para la juventud chihuahuense, por lo cual nos proponemos exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, para que remita a la mayor brevedad al Senado de la República, el expediente correspondiente para que la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes pueda ser ratificada y por ende, vincular los diversos órdenes de gobierno para promover, respetar, proteger y garantizar el trabajo decente entre la juventud. Así mismo, proponemos invitar al Ejecutivo Estatal para que establezcan el diseño de políticas públicas que permitan atender, de conformidad con los principios señalados en el tercer párrafo de nuestra Carta Magna, dentro de otros derechos fundamentales, el derecho al empleo para las y los jóvenes de Chihuahua.

Al respecto, hacemos eco de las palabras que recientemente pronunciara el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, quien manifestó en junio pasado en Ginebra, Suiza, que el estado actual de desempleo juvenil a nivel mundial es intolerable, y recomendó a los gobiernos del mundo a que -cito textual-: "Inviertan más en iniciativas de empleo para los jóvenes, y promuevan un trabajo decente. Las políticas de empleo para la juventud son fundamentales para recoger los beneficios de sus inversiones diarias en educación y formación vocacional" - termino la cita”.

III.- Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Juventud y Deporte de este H. Congreso del Estado, luego de realizar el estudio y análisis de la Iniciativa con carácter de Decreto, emiten el presente dictamen con base en las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S

En esencia, la propuesta en análisis tiene como finalidad que se exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que turne el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes ante el Senado de la República, para su correspondiente ratificación, así como al Gobierno Federal y del Estado de Chihuahua para que establezcan el diseño de políticas públicas que permitan promover, respetar, proteger y garantizar el derecho al trabajo decente para las y los jóvenes de Chihuahua.

Los integrantes de la Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Juventud y Deporte, después de llevar a cabo un minucioso estudio de la Iniciativa turnada, llegamos a la conclusión de que debe ser atendida en sus términos, debido a las justificaciones que a continuación se expondrán.

Desde el 10 de diciembre de 1948, fecha en la que se suscribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las personas podemos contar con mayores elementos para exigir y aspirar a mejores condiciones de vida y aún y cuando dicho documento no tiene carácter vinculante sí constituyó y lo es en nuestros días, un instrumento universal sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, situación económica o – lo que nos atañe- edad.

Anterior a la citada Declaración Universal de los Derechos Humanos se contaba con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, misma que como su nombre lo dice fue importante avance, pero excluyente.

Ya para 1966, se suscribió el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tuvieron fuerza vinculante, reforzándose un poco más la tutela de los derechos humanos y, como lo refieren los iniciadores, el artículo 6, en sus puntos 1 y 2, del Pacto citado en primer término -el cual implica por parte del Estado conductas prestacionales, como un dar y un hacer- dispone que los Estados Partes  reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho y, que entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.

Luego entonces, qué mejor medida que la suscripción de un instrumento internacional vinculante como lo es la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, el cual vendrá a proporcionar un mayor dinamismo en las vidas de dicho grupo etáreo (de edad), ya que ahí radica, precisamente, una verdadera visión de sustentabilidad. En efecto, es importantísimo invertir en tecnologías para mejorar el medio ambiente, sin embargo, la mejor inversión siempre será la que incida directamente en lo mejor que tenemos: nuestra juventud.

Por otro lado, los suscritos, al igual que los iniciadores, reconocemos la ardua labor que han desempeñado los gobiernos federal y estatal en pro de los derechos de las y los jóvenes mexicanos y chihuahuenses, respectivamente. En efecto, es destacarse las tareas emprendidas por el Gobierno del Estado en el ámbito educativo, así como la entrega que ha tenido el Instituto Mexicano de la Juventud, no obstante, como legisladores y en congruencia con la trascendental reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, aunado a la complejidad de la causa de los jóvenes, no nos resta más que abonar al espíritu de dicho cambio normativo y avalar la solicitud del exhorto respetuoso al Gobierno Federal y del Estado de Chihuahua para que establezcan el diseño de políticas públicas, que permitan promover, respetar, proteger y garantizar el derecho al trabajo decente para las y los jóvenes de Chihuahua.

Así, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado y los artículos 43, 53 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Juventud y Deporte, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen con el carácter de

A C U E R D  O

PRIMERO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que turne el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes ante el Senado de la República para su correspondiente ratificación, de conformidad con la fracción I, del artículo 76, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, exhorta de manera respetuosa al Gobierno Federal y del Estado de Chihuahua, para que establezcan el diseño de políticas públicas que permitan promover, respetar, proteger y garantizar el derecho al trabajo decente para las y los jóvenes de Chihuahua.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la Minuta de Acuerdo en los términos correspondientes.

DADO en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 23  días del mes de   septiembre    del año dos mil catorce.

POR LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE JUVENTUD Y DEPORTE

DIP.  TANIA TEPORACA ROMERO DEL HIERRO

PRESIDENTA

DIP.  ROSEMBERG LOERA CHAPARRO

SECRETARIO

DIP. GLORIA PORRAS VALLES VOCAL

DIP. MAYRA DÍAZ GUERRA VOCAL

DIP. LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ GINER VOCAL

DIP. HÉCTOR HUGO AVITIA CORRAL VOCAL

DIP. ENRIQUE LICÓN CHÁVEZ VOCAL

DIP. FERNANDO MARIANO REYES RAMÍREZ VOCAL

DIP. DANIELA SORAYA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

VOCAL

La presente hoja corresponde al dictamen que recae a la iniciativa de Acuerdo presentada por los Diputados Rosemberg Loera Chaparro y Gustavo Martínez Aguirre, por medio de la cual proponen el envío de un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que turne el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes ante el Senado de la República para su correspondiente ratificación.