El día
29 de mayo del año en curso, nuestra Legislatura aprobó el Acuerdo N° 110/2014
del Segundo Período Ordinario dentro del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, mismo que a la letra establece que:
Se exhorta respetuosamente a la Secretaría
de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal para que, en el ámbito de sus
competencias, tenga a bien llevar a cabo las acciones de coordinación
necesarias con el Servicio y Control de Aduanas de El Paso, Texas, a fin de llevar un control respecto de los
agresores sexuales que son deportados a Ciudad Juárez, Chih.
Se exhorta de manera respetuosa a la Fiscalía General del Estado, a fin
de que en el ámbito de sus atribuciones, establezca
los mecanismos de coordinación necesarios con las Secretarías de Relaciones
Exteriores y de Gobernación del Gobierno Federal, con el propósito de que
dichos agresores sexuales sean trasladados a sus lugares de origen.
Y se solicita respetuosamente a la
Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, tenga a bien informar
a esta Soberanía, respecto de los resultados de las acciones referidas en los
puntos anteriores.
Lo anterior significa que al interior de este
Congreso, de esta Legislatura, y dentro de las competencias Constitucionales y
legales que tenemos, nos hemos dado a la tarea de tratar de coordinar acciones
y programas que involucren a los tres órdenes de gobierno, para efecto de
lograr hacer un puntual seguimiento con el Servicio y Control de Aduanas de El
Paso, Texas, y llevar un control respecto de los agresores sexuales que son
deportados a Ciudad Juárez; y a su vez se
conforme una base de datos y, en coordinación con la Fiscalía General del
Estado de Chihuahua, establecer medidas
para dar un seguimiento a sus actividades, siendo la más importante el traslado
a sus lugares de origen de aquellos que no son del Estado.
Sólo en Ciudad Juárez, en el presente año se han
deportado 275 ofensores sexuales, de estos el 27% se encuentran involucrados en
agresiones sexuales contra menores en Estados Unidos de Norteamérica o México.
Estas
personas forman parte de un grupo de 862 migrantes mexicanos ex convictos por
delitos sexuales en los estados de Texas y Nuevo México, o bien, requeridos por
autoridades mexicanas por las mismas causas, según señala la dependencia
estadounidense.
Entre
los delitos cometidos se incluyen agresión sexual, secuestro y agresión sexual
agravada contra menores.
Pero la
realidad es que la población juarense, y en general, los habitantes del Estado
de Chihuahua, no tenemos por qué correr riesgos innecesarios, y podemos, en un
ejercicio respetuoso de los derechos humanos, y sin discriminación alguna,
enfrentar de manera inteligente dicho problema.
En
primer término, someto la propuesta de la instalación inmediata de una Mesa de Análisis
y Estudio para abordar esta problemática, y que deberá estar conformada por
representantes de las Secretarías de
Relaciones Exteriores y de Gobernación del Gobierno Federal; de la Fiscalía
General del Estado de Chihuahua; del Ayuntamiento del Municipio de Ciudad
Juárez, y por supuesto, del Servicio y Control de Aduanas de El Paso, Texas,
además de los legisladores sobre todo fronterizos que tengan la intención de
aportar a este tema.
Solicito con todo
respeto, Diputado Presidente, y en virtud de su investidura, realice las
acciones tendientes a que se haga a la brevedad una convocatoria que se refiere
el Acuerdo N° 110/2014 en la
parte conducente a nuestra Entidad, y se
involucre también a
las diversas organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con el tema
de los derechos humanos, de la no discriminación, entre otros, y de esta
manera, como sociedad preocupada y ocupada por nuestro prójimo, hagamos las
acciones más coordinadas y de colaboración interinstitucional con los datos que
para el efecto nos proporcione el Servicio y Control de Aduanas de El Paso,
Texas.
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