Posicionamiento presentado durante la sesión del Congreso


El día 29 de mayo del año en curso, nuestra Legislatura aprobó el Acuerdo N° 110/2014 del Segundo Período Ordinario dentro del Primer Año de Ejercicio Constitucional, mismo que a la letra establece que:

Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal para que, en el ámbito de sus competencias, tenga a bien llevar a cabo las acciones de coordinación necesarias con el Servicio y Control de Aduanas de El Paso, Texas, a fin de llevar un control respecto de los agresores sexuales que son deportados a Ciudad Juárez, Chih.

Se exhorta de manera respetuosa a la Fiscalía General del Estado, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones, establezca los mecanismos de coordinación necesarios con las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación del Gobierno Federal, con el propósito de que dichos agresores sexuales sean trasladados a sus lugares de origen.

Y se solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, tenga a bien informar a esta Soberanía, respecto de los resultados de las acciones referidas en los puntos anteriores.

Lo anterior significa que al interior de este Congreso, de esta Legislatura, y dentro de las competencias Constitucionales y legales que tenemos, nos hemos dado a la tarea de tratar de coordinar acciones y programas que involucren a los tres órdenes de gobierno, para efecto de lograr hacer un puntual seguimiento con el Servicio y Control de Aduanas de El Paso, Texas, y llevar un control respecto de los agresores sexuales que son deportados a Ciudad Juárez; y a su vez  se conforme una base de datos y, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, establecer  medidas para dar un seguimiento a sus actividades, siendo la más importante el traslado a sus lugares de origen de aquellos que no son del Estado.

Sólo en Ciudad Juárez, en el presente año se han deportado 275 ofensores sexuales, de estos el 27% se encuentran involucrados en agresiones sexuales contra menores en Estados Unidos de Norteamérica  o México.

Estas personas forman parte de un grupo de 862 migrantes mexicanos ex convictos por delitos sexuales en los estados de Texas y Nuevo México, o bien, requeridos por autoridades mexicanas por las mismas causas, según señala la dependencia estadounidense.

Entre los delitos cometidos se incluyen agresión sexual, secuestro y agresión sexual agravada contra menores.

Pero la realidad es que la población juarense, y en general, los habitantes del Estado de Chihuahua, no tenemos por qué correr riesgos innecesarios, y podemos, en un ejercicio respetuoso de los derechos humanos, y sin discriminación alguna, enfrentar de manera inteligente dicho problema.

En primer término, someto la propuesta de  la instalación inmediata de una Mesa de Análisis y Estudio para abordar esta problemática, y que deberá estar conformada por representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación del Gobierno Federal; de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; del Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Juárez, y por supuesto, del Servicio y Control de Aduanas de El Paso, Texas, además de los legisladores sobre todo fronterizos que tengan la intención de aportar a este tema.


Solicito con todo respeto, Diputado Presidente, y en virtud de su investidura, realice las acciones tendientes a que se haga a la brevedad una convocatoria que se refiere el Acuerdo N° 110/2014 en la parte conducente a nuestra Entidad,  y se involucre también a las diversas organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con el tema de los derechos humanos, de la no discriminación, entre otros, y de esta manera, como sociedad preocupada y ocupada por nuestro prójimo, hagamos las acciones más coordinadas y de colaboración interinstitucional con los datos que para el efecto nos proporcione el Servicio y Control de Aduanas de El Paso, Texas.

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