Compañeras y compañeros
legisladores, hoy quiero presentarles como un asunto general, una reflexión en
torno a la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que
tendrá a lugar el próximo sábado.
Los pueblos indígenas
representan una gran diversidad: más de 5.000 grupos distintos en 90 países.
370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población
mundial.
En nuestro país se
encuentran 65 pueblos distribuidos en un total de 64,172 localidades,
y una población de alrededor de 11 millones de personas. En Chihuahua tenemos
la presencia de cuatro pueblos originarios (ralámuli, odami, o’óba y warijó), y
varios pueblos indígenas nacionales (nahuas, mazahuas, mixtecos, zapotecos,
otomí), que dan un total de 5,348 localidades con una población total de
158,527 personas.
Bajo este panorama el Día
Internacional de los Pueblos Indígenas fue establecido por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas, el 23 de diciembre de 1994, mediante
una resolución en la que decidió celebrar el 9 de agosto de cada año. Se eligió
esta fecha recordando el día en que el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones
Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a
las Minorías celebró su primera reunión en 1992.
La lucha por los derechos de
los pueblos indígenas, más que nada ha sido una lucha de carácter
internacional. Los derechos de los pueblos originarios iniciaron su
reconocimiento dentro de los Tratados Internacionales y en los recintos de
reunión entre mandatarios y representantes de los diversos países.
Dicho recorrido inició
formalmente en 1957 cuando la Organización Internacional del Trabajo adoptó en 1957 a solicitud del sistema de la
ONU el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, número 107, ratificado por
el Estado Mexicano el 1 de junio de 1959, que constituyó el primer intento de
codificar las obligaciones internacionales de los Estados en relación con los
pueblos indígenas y tribales.
En nuestro estado la
necesidad de reconocer los derechos de los pueblos indígenas es un tema en
construcción. Después de ser el primer Estado que reconoció sus derechos,
tardamos alrededor de 20 años para lograr el consentimiento de los pueblos indígenas,
y aprobar, hace un año, la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Sin embargo hoy podemos
estar orgullosos de que nuestra legislación reconoce y garantiza su autonomía,
lo cual es un primer paso importantísimo para su consecución de ahora en adelante
en la práctica.
Esto precisamente es el tema
sustancial, que para este año ha dado las Naciones Unidas como motivo de
reflexión.
En 2014 el Día Internacional
de los Pueblos Indígenas se llama “Acortando las diferencias: aplicación de los
derechos de los pueblos indígenas” centrando con
ello la atención a disminuir la disparidad y hacer efectivos los derechos de
los pueblos indígenas.
A decir de
la ONU “Con este lema, se resalta la importancia de la realización de esos
derechos mediante la puesta en práctica de políticas y programas a nivel
nacional e internacional, en las que colaboren los gobiernos, los pueblos
indígenas y todos los sectores involucrados.”
Nuestro
país ya inició ese recorrido, al ser uno de los países convocantes de la Primera
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, que tendrá lugar el 22 y 23 de
septiembre de 2014. La Conferencia Mundial se
traducirá en un documento final conciso y orientado a la acción, basado en
consultas oficiosas inclusivas y abiertas con los Estados Miembros y los
pueblos indígenas, además que se propone solicitar al Secretario General
de la ONU considerar el nombramiento de un Alto Representante para los Pueblos
Indígenas.
En nuestro caso, como
legisladores, la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas inicia las
celebraciones de esta fecha, con el estudio y desarrollo del proceso
legislativo especial para la reforma de la Ley de la Coordinación Estatal de la
Tarahumara, a fin de adecuarla a las nuevas disposiciones marcadas en materia
de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Este trabajo legislativo no
sólo modificará las atribuciones de la Coordinación y creará nuevos mecanismos
de relación con los pueblos indígenas, sino que será sometido al proceso de
consentimiento libre, previo e informado, para que las diversas comunidades nos
retroalimenten y den su parecer en la materia.
Este es pues, compañeras y
compañeros diputados, el escenario que enmarca la celebración de los Pueblos
Indígenas, y al cual exhorto a que se unan tanto en la reflexión como en el
trabajo legislativo de cada una de nuestras comisiones.
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