“La
mortalidad materna continúa siendo un problema de alta prioridad en la salud
pública de México. Sí se desea mostrar con un solo indicador la desigualdad
social ante la muerte, la mortalidad materna es uno de los más reveladores.…”
Ana Langer. Investigadora de la UNAM.
DIPUTACION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-
Los suscritos, en nuestro carácter de
Diputados de la Sexagésima Cuarta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, e integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 57, 58 y 64 de la
Constitución Política del Estado, y los
artículos 97, 98 y 99 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudimos ante este alto
Órgano Colegiado con el propósito de presentar Iniciativa con carácter de
Decreto, mediante la cual proponemos reformar la Ley Estatal de Salud, así como
para presentar Iniciativa con carácter de Acuerdo, ambas con el propósito de
orientar acciones del Estado para prevenir la mortalidad materna. Lo anterior
en base a la siguiente.
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
Establecido
como un derecho humano fundamental, el derecho a la salud se encuentra definido
como tal en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna, el cual establece textualmente
que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud por parte del
Estado Mexicano, al que le corresponde definir a través de la Ley, las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud.
A
pesar de las disposiciones establecidas, y a los esfuerzos que
institucionalmente se realizan para cumplir con el mandato constitucional, el
cual señala para todas las autoridades en el ámbito de su competencia la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos,
el derecho a la salud sigue siendo uno de los más reclamados por la población
que habita en las regiones de la Sierra Tarahumara y de los municipios rurales
de la Entidad.
Hoy,
el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, acude a esta Alta Representación
Popular para plantear, dentro del panorama general del derecho fundamental
aludido, el de la población femenina que por razones naturales vive el
proceso de la maternidad, y que por circunstancias sociales, económicas y/o
geográficas, a las cuales se añade la
falta de una adecuada infraestructura hospitalaria y en consecuencia la
oportuna atención médica, enfrentan experiencias desafortunadas que atentan
contra su vida y la del producto, sumándose a las estadísticas de muerte materno infantil, el cual
es considerado aún, un fenómeno lamentable que no ha sido posible erradicar, a
pesar del trabajo que se realiza para abatir las cifras que demuestran cómo el
Estado Mexicano en sus diversos órdenes de gobierno, no ha tenido la capacidad
suficiente para proteger y garantizar
a la mujer al momento de generar el preciado don de la vida, el
derecho a la salud; poniendo en grave riesgo su vida misma.
La
muerte materna, la cual es considerada un grave problema de salud
pública, de protección a los derechos humanos, al desarrollo social, a la equidad de género y a la justicia social que atenta contra la mujer, ha
sido definida por la Organización Mundial de la Salud como la defunción de una
mujer mientras esté embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la
terminación del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con, o agravada
por éste o por su atención. Los expertos concuerdan en que es uno de los
indicadores que refleja con mayor claridad las condiciones de bienestar de la
población de un país, siendo la muestra clave de la desigualdad social.
Es tanta su importancia que la Organización
de las Naciones Unidas adoptó como uno de sus Objetivos de Desarrollo del
Milenio la reducción de la mortalidad materna, y México se ha comprometido a
disminuir el indicador a 22.2 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos para
el año 2015. Sin embargo, y a pesar de los grandes esfuerzos institucionales
realizados mediante programas y estrategias gubernamentales, los datos
oficiales que aporta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social -por sus siglas CONEVAL- en su informe 2012, en nuestro país
apenas se ha logrado reducir la razón de muerte materna a 51.5 defunciones por
cada 100 mil nacidos vivos, y aunque la información institucional varía, puesto que el INEGI señala que para 2011 fue
de 50. 3 defunciones maternas y el
Gobierno de la República, de acuerdo a
la Secretaría de Salud para 2013,
manifiesta que el indicador fue de 44.4 defunciones maternas, lo cierto
es que la meta, a un año de concluir el plazo, está lejos de alcanzarse.
De acuerdo a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal
en su documento mediante el cual plantea cómo está pasando de la
vigilancia de la Mortalidad Materna a la Vigilancia de la Morbilidad Materna
Severa, nuestra entidad tiene una Tasa de Mortalidad Materna que supera 70 defunciones por cada 100 mil nacidos
vivos, lo que implica una elevada tasa que, de acuerdo al mismo documento que
contiene datos de 2013, sitúa a Chihuahua en el cuarto lugar dentro de las
entidades con mayor tasa de muerte materna, y aunque la Secretaría de Salud de
Chihuahua ha planteado públicamente otros datos, el Programa Sectorial de Salud
2011-2016 reconoce una tasa de 74 muertes maternas por cada cien mil nacidos
vivos.
Y si estos datos resultan preocupantes, en
los municipios de la Sierra Tarahumara
de Chihuahua se presenta la tasa más alta de mortalidad materna en el
contexto estatal con 243 decesos por cada 100 mil nacidos vivos, cifra alarmante que de acuerdo al Programa Sectorial de Salud
2011-2016, triplica el promedio estatal y supera cinco veces la tasa registrada
en los municipios urbanos. Tales datos
indican el atraso y la postración en que se encuentran los municipios de la
Sierra Tarahumara en relación a disponibilidad de los servicios y la
accesibilidad de la atención a la salud reproductiva de la mujer.
El Informe de Gobierno de 2013 del Gobierno
del Estado, en el apartado relativo a la Salud, en su dimensión de Desarrollo
Humano no refleja acciones específicas
ni datos actuales sobre la muerte materno-infantil, y las cifras respecto al
crecimiento de infraestructura hospitalaria en la región serrana no plantea un
despegue importante de acuerdo a la enorme necesidad de atención que se
requiere para atender a las madres embarazadas, que en la región rural y
serrana, se torna altamente vulnerable según los datos que manifiesta tanto el
INEGI como la misma Secretaría de Salud en el Estado.
En Chihuahua, con su enorme dispersión
demográfica y la dificultades geográficas que presenta, los servicios de salud
en las zonas rurales e indígenas son escasos o nulos, y en donde se prestan, no
pasan de ser de primer nivel, en pequeñas clínicas rurales que apenas si cuentan
con un espacio mínimo y un sólo médico general que debe enfrentar enormes retos ante las serias
deficiencias de equipamiento, mobiliario y medicamentos para atender a una
población que, debido a sus condiciones económicas o geográficas no tiene otra
opción que acudir a las instituciones del sistema de salud dirigido a la
población abierta.
De acuerdo al Informe 2013 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en
México, Chihuahua se encuentra dentro de los diez estados en los cuales se concentran más del 65 por
ciento de las defunciones maternas del país debido a las barreras de acceso, la
oportunidad de la utilización y a la calidad de la atención; y en los casos
analizados por el CONEVAL las
trayectorias muestran que las mujeres
más pobres e indígenas, a pesar de estar afiliadas al Seguro Popular, no tienen
suficiente capacidad de pago para su traslado a los municipios o localidades
donde hay disponibilidad de laboratorios y los servicios básicos de atención
prenatal que ofrece este seguro, por lo cual las barreras económicas,
geográficas, culturales y de calidad que
impiden que el derecho a la salud de la mujer esté debidamente
garantizado, siguen vigentes impidiendo
que se cumplan las predicciones de la Organización Mundial de la Salud, la cual
estima que entre el 88% y el 98% de las defunciones maternas son prevenibles si
se cumplen las cuatro normas básicas establecidas por el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU que son la disponibilidad de clínicas, hospitales y personal
médico, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad.
Hoy nuestro Grupo Parlamentario manifiesta su
preocupación respecto al tema que nos ocupa, y
mediante este planteamiento, proponemos reformar el artículo 67 de la
Ley de Salud en el Estado, de tal forma que en la misma se hagan patentes las normas respecto de los establecimientos, los
bienes y los servicios de salud planteadas a los Estados Parte en las
Orientaciones Técnicas sobre un enfoque basado en los derechos humanos emitidas
por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
para reducir la mortalidad materna; y hacemos también un atento y respetuoso llamado
tanto a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal como a la Secretaría de
Salud del Gobierno del Estado para que intensifiquen los esfuerzos que de
manera coordinada están realizando respecto a su obligación para proteger y garantizar el derecho fundamental a la
salud de la mujer, y con ello prevenir y evitar la muerte materna.
Consideramos importante que las acciones
institucionales destinadas a reducir este
lamentable fenómeno, estén dirigidas al cumplimiento de las cuatro normas básicas sugeridas por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos respecto a la posibilidad de disponer
de clínicas, hospitales o centros de atención a la salud, personal médico y profesional; acceder a los
servicios ginecológicos, la no discriminación y la aceptabilidad, y
finalmente, la calidad en el servicio que incluye personal médico
cualificado, equipo hospitalario y medicamentos científicamente aprobados.
Estamos plenamente conscientes del enorme
reto que significa nuestro llamado, sin embargo, consideramos que metas como
las previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como las establecidas en
el Programa Sectorial de Salud del Gobierno del Estado, deben ser
priorizadas en un intento serio y
decidido para alcanzar los objetivos institucionales que permitan atender a la
mujer en su derecho a la salud reproductiva desde un enfoque de los derechos
humanos, y abatir con decisión y con entereza los índices de muerte materna en
Chihuahua para fortalecer la familia y la sociedad chihuahuense.
Por lo anteriormente expuesto y fundado,
planteamos la presente Iniciativa con carácter de:
DECRETO
UNICO.- Se modifica el primer
párrafo, la fracción I y se adiciona un segundo párrafo al artículo 67, de la
Ley de Salud del Estado de Chihuahua para quedar como sigue:
Artículo 67.
Para garantizar el derecho a la salud reproductiva y a la vida de la mujer y
del producto, la atención
materno-infantil comprende las siguientes acciones:
I.- La disponibilidad de hospitales,
dispensarios u otros establecimientos sanitarios, así como de personal médico y profesional calificado,
con el propósito de garantizar la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad
en los servicios de salud de la Entidad.
II-IV…..
Las
autoridades de salud, promoverán y realizarán actividades de coordinación con
las dependencias competentes del Ejecutivo Federal, para garantizar la atención oportuna a la población materna,
dando prioridad a las zonas de bajo desarrollo en el marco de la equidad.
Basados en la
misma exposición de motivos, presentamos así mismo, la siguiente Iniciativa con
carácter de:
ACUERDO
UNICO: La Sexagésima Cuarta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como a la del Estado para que, en
cumplimiento a las orientaciones técnicas emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de
la Organización de las Naciones Unidas para reducir la mortalidad materna, intensifiquen los esfuerzos que de manera
coordinada están realizando respecto a la prevención de la muerte materno
Infantil, en su obligación para proteger y garantizar el derecho fundamental a la salud
de la mujer.
ECONÓMICO.-
Aprobados que sean, túrnese a la
Secretaría a fin de que se remita
copia del Decreto y del Acuerdo a las
autoridades competentes, para los efectos a que haya lugar.
Dado en la Sala Morelos del Palacio Legislativo, en la ciudad de
Chihuahua, Chih., a los veintiocho días del
mes de agosto del año dos mil catorce.
A T
E N T A M E N T E
POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA
DIP. GUSTAVO MARTÍNEZ AGUIRRE DIP. ROSEMBERG LOERA CHAPARRO
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