Solicita Dip. Murguía, la eliminación de la restricción para la importación definitiva de autos usados




A través de una iniciativa de Acuerdo presentada esta mañana en la sesión de la Diputación Permanente, la cual fue aprobada de manera económica, el Diputado Daniel Murguía Lardizábal, solicitó a la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, elimine la restricción administrativa para la importación definitiva de vehículos usados y restablezca los horarios de servicio, incluso ampliando los mismos, en atención al principio de convencionalidad del Pacto de San José.

Al explicar el motivo de la propuesta el legislador comentó que el pasado 4 de julio la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación en el reglamento de comercio exterior en el que se limita la importación de autos usados a los días lunes a sábado en un horario de 9:00 a 12:00 horas.

Esta medida dijo, fue bien recibida por quienes operan el sistema automotriz dentro de la República Mexicana, ya que la producción de vehículos para la exportación en México ha jugado un papel principal en el crecimiento del país.

Sin embargo, sin entrar a una crítica de los modelos de producción, comerciales y laborales de las empresas que compiten por el mercado automotriz mexicano, debemos de tomar en cuenta un apéndice de dicho comercio, como lo es el de los vehículos usados importados.

Por otro lado, cabe recordar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en su Anexo 300-A, Apéndice 300-A.2, párrafo 24, establece que a partir del 1o. de enero de 2009 y gradualmente hasta el año 2019, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes del territorio de Canadá o de los Estados Unidos de América, en función del año modelo de antigüedad de los vehículos.



Ahora bien, una reducción de los horarios de atención a los peticionarios de los servicios públicos del comercio exterior es, a todas luces, una restricción a su derecho de petición y de obtención de una respuesta por parte de la autoridad correspondiente, dado que restringe un derecho que viola, per se, el desarrollo progresivo a que se refiere el Pacto de San José.

En conclusión, “debemos de establecer nuestra posición como garantes de la voz de nuestros representados, y elevar nuestra petición a la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria a efecto de que no restrinja los horarios de servicio al comercio exterior en tanto no exista una verdadera justificación y motivación que así lo amerite y que permita per se limitar el ejercicio de los derechos de las personas”, añadió el legislador.

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