*Con 18 votos en contra del MCPRIAN, el Congreso desechó
el exhorto para que la gobernadora se separe temporalmente del cargo
mientras avanzan las investigaciones.
Chihuahua,
Chih.- Si la gobernadora no sabía que agentes extranjeros participaban
en operativos de seguridad en Chihuahua, debe explicar por qué su
gobierno lo permitió durante meses. Y si lo sabía, debe aclarar quién
autorizó esas actividades y bajo qué fundamento. Esa es la pregunta de
fondo que planteó la diputada de morena, Magdalena Rentería, al
presentar un punto de acuerdo para exhortar a María Eugenia Campos
Galván a solicitar licencia temporal mientras avanzan las
investigaciones por el caso de El Pinal, en el municipio de Morelos.
La
propuesta fue desechada con 18 votos en contra de las diputaciones del
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano que se encontraban presentes; dos
abstenciones del PT y el Partido Verde, además de dos diputaciones que
no emitieron su voto. Rentería cuestionó que la mayoría de los
legisladores del bloque opositor votara en línea, sin estar siquiera en
el recinto legislativo. Con esta decisión, sostuvo, se vuelve a cerrar
la puerta a la rendición de cuentas y se mantiene a Chihuahua en una
ruta de impunidad y corrupción, en lugar de garantizar que la ciudadanía
conozca la verdad sobre un caso que compromete la actuación de las
autoridades estatales.
La
legisladora sostuvo que el caso dejó de ser un asunto aislado desde que
comenzaron a conocerse datos sobre la presencia de ciudadanos
estadounidenses en actividades con corporaciones estatales, una relación
que, de acuerdo con información expuesta en procedimientos judiciales,
podría remontarse a octubre de 2025. A esto se suman las distintas
versiones oficiales sobre cuántas personas extranjeras participaron,
quién coordinó sus actividades y qué autoridades conocían su presencia.
Para
Rentería, la salida del exfiscal César Jáuregui no resuelve el
problema. Cambiar al funcionario no responde quién permitió estas
operaciones, qué controles existían ni por qué las instituciones
estatales no garantizaron que se actuara dentro de la ley. La
responsabilidad política no desaparece con una renuncia.
La
diputada aclaró que pedir licencia no significa declarar culpable a la
gobernadora. Significa reconocer que, ante hechos de esta gravedad, es
necesario garantizar que las investigaciones puedan realizarse sin dudas
sobre la intervención o influencia del poder político. La
responsabilidad penal corresponde determinarla a las autoridades
competentes; la responsabilidad de gobernar también exige dar la cara.
El
punto de acuerdo plantea, además, que la Fiscalía estatal informe sobre
los protocolos de cooperación con personas extranjeras, las
autorizaciones, los controles de armamento y los registros de acceso a
instalaciones de seguridad. También solicita al Poder Ejecutivo
transparentar las comunicaciones y decisiones relacionadas con el caso.
Rentería
advirtió que Chihuahua enfrenta problemas que no pueden seguir
esperando mientras el gobierno concentra esfuerzos en defender su
imagen. La ciudadanía necesita saber qué ocurrió, quién tomó las
decisiones y si se vulneró la soberanía nacional. “La soberanía no se
defiende con discursos. Se defiende respetando la ley y asumiendo
responsabilidades. Chihuahua merece conocer la verdad”, sostuvo.
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