*Propone reformar la legislación estatal para distinguir las responsabilidades de particulares y servidores públicos, sin dejar conductas indebidas sin sanción.*
Chihuahua, Chih.- Con el propósito de brindar certeza jurídica a los ciudadanos que participan en los órganos de gobierno de instituciones públicas, la diputada Leticia Ortega Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 12 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua.
La legisladora explicó que diversos organismos públicos cuentan con consejos directivos integrados por representantes de los sectores social, académico y empresarial, quienes contribuyen a la toma de decisiones institucionales sin necesariamente formar parte de la administración pública ni recibir un salario gubernamental.
Sin embargo, la legislación estatal no contempla expresamente la distinción prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para los consejeros independientes, por lo que actualmente pueden ser considerados servidores públicos para efectos de las responsabilidades derivadas de sus funciones.
"Estamos pues ante particulares que no perciben un salario público ni pertenecen a la burocracia, pero que, al formar parte de los consejos directivos u órganos de gobierno de los entes públicos, están ejerciendo una función pública y participando en la toma de decisiones sobre recursos públicos", expuso la diputada en la iniciativa.
Ortega Máynez precisó que la propuesta busca armonizar la legislación estatal con las disposiciones federales, de manera que los consejeros independientes sean sujetos al régimen de responsabilidades administrativas correspondiente a su condición de particulares, sin que ello implique eliminar las obligaciones legales derivadas de su participación en organismos públicos.
"La intención es que las mismas sean investigadas, substanciadas y sancionadas, pero conforme a su propia y especial naturaleza, es decir, como 'Faltas de Particulares'", establece la exposición de motivos.
Con esta iniciativa, se busca establecer una distinción legal entre las responsabilidades de los funcionarios públicos y las de los ciudadanos que participan como consejeros independientes, manteniendo la obligación de responder por las conductas indebidas en que pudieran incurrir durante el ejercicio de sus funciones.
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