Durante décadas, tanto republicanos como demócratas rechazaron la idea de que la Corte Penal Internacional (CPI) tuviera competencia para juzgar a ciudadanos, militares o líderes políticos estadounidenses. Estados Unidos nunca se adhirió a dicha Corte. No la necesitamos. Y no la queremos.
Pero a los “expertos” globalistas que se encuentran al otro lado del océano no les importa lo que piensen los ciudadanos estadounidenses. Quieren que la CPI amplíe sus competencias, incluido el enjuiciamiento de ciudadanos estadounidenses. Militares que defienden su país, agentes de la Patrulla Fronteriza que protegen nuestra nación y líderes electos que velan por nuestra seguridad nacional. Quieren más poder, y lo quieren a nuestra costa.
El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional juzgue a estadounidenses. Por eso, hoy, Estados Unidos impone sanciones a la Corte Penal Internacional. Prohibiremos las transacciones con esta corte irrestricta, cortándole los recursos y paralizando su capacidad de funcionamiento.
Llevamos más de un año dejando claras las medidas básicas de buena fe que esperábamos por parte de la Corte. Hemos actuado con discreción y hemos aplazado esta designación por respeto a nuestras relaciones y con la esperanza de que la CPI cambiara de rumbo o, en su defecto, fuera frenada por los Estados parte. Sin embargo, ni la CPI ni los Estados parte han tomado aún medidas significativas para abordar nuestras preocupaciones.
A pesar de su inacción, mantenemos la esperanza de alcanzar una solución diplomática. Hemos estructurado esta medida para brindar a los Estados parte la oportunidad de negociar y presentar una solución que responda a nuestras preocupaciones. Si estos esfuerzos no dan fruto, continuaremos adaptándonos en consecuencia.
Nuestro mensaje es claro: Estados Unidos y su pueblo no están sujetos a la jurisdicción de la CPI. Ambas partes están de acuerdo en esto, pero solo el presidente Trump tiene la determinación necesaria para tomar las medidas que se requieren para acabar con esta amenaza de una vez por todas. O bien la CPI pone fin a sus amenazas, o bien nosotros pondremos fin a la CPI. Esperamos que nuestros aliados, muchos de los cuales forman parte de la CPI y dependen de los militares estadounidenses para su defensa, pongan freno a la corte.
Si no lo hacen, Estados Unidos continuará su campaña para desmantelar la CPI, piedra a piedra, hasta que los estadounidenses dejen de estar amenazados.
La ICC ha sido designada en virtud de la sección 1(a)(ii)(A) de la orden ejecutiva (E. O.) 14203.
Para ver el texto original, ir a: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesman/2026/10/imposing-sanctions-on-the-international-criminal-court/
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