La división de poderes no hace a jueces y magistrados intocables: se deben al voto popular y están allí para impartir justicia: Cuauhtémoc Estrada

 

Chihuahua, Chih.- La independencia del Poder Judicial no puede confundirse con una patente de corso para tomar decisiones sin rendir cuentas ante la sociedad, advirtió el coordinador de los diputados de morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo.

El legislador recordó que la división de poderes existe para evitar la concentración del poder, no para construir espacios intocables. Jueces y magistrados deben contar con autonomía para decidir, pero sus resoluciones, particularmente cuando generan preocupación social, pueden y deben ser cuestionadas. “Una cosa es la independencia y autonomía para impartir justicia y otra muy distinta pretender que una resolución controvertida no pueda ser cuestionada”, sostuvo.

Estrada señaló que los diputados no están obligados a guardar silencio frente a decisiones judiciales que afectan directamente a la sociedad. También tienen la responsabilidad de fijar postura, exigir explicaciones y defender el derecho ciudadano a saber si las instituciones están funcionando correctamente.

Puso como ejemplo el caso del hombre de 62 años que murió tras un accidente vial y cuyo presunto responsable pasó de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Más allá de las particularidades jurídicas del expediente, dijo, una decisión de esta naturaleza genera preguntas legítimas que las instituciones no pueden desestimar simplemente invocando su autonomía. “Claro que tenemos derecho a cuestionar”, afirmó.

El coordinador de morena subrayó que existen mecanismos institucionales para determinar si una actuación judicial fue correcta o si debe ser investigada. Entre ellos está el Tribunal de Disciplina, cuya función precisamente es revisar posibles irregularidades sin que ello implique vulnerar la independencia judicial.

Finalmente, Estrada recordó que jueces y magistrados fueron electos por voto popular. Esa legitimidad democrática, sostuvo, no los al4eja de la ciudadanía: los obliga a responder ante ella. “La sociedad tiene derecho a cuestionar. Y si el trabajo está bien hecho, pues nada que temer”, concluyó.