Chihuahua, Chih.- El Gobierno de Chihuahua no puede
declarar resuelto un problema que sigue afectando a miles de personas.
La pensión para personas con discapacidad permanente de 30 a 64 años es
hoy un derecho constitucional, pero el Estado continúa sin firmar el
convenio que permitiría garantizarla de manera universal. Así lo señaló
la diputada Elizabeth Guzmán, al cuestionar que el Congreso pretenda
desechar el asunto 1145 bajo el argumento de que “quedó sin materia”,
cuando la propuesta original y el exhorto aprobado posteriormente no
plantearon lo mismo.
Guzmán
recordó que desde 2024 morena ha insistido en la firma del convenio y
en destinar recursos estatales para hacer efectivo este derecho. Hubo
exhortos rechazados, reservas presupuestales rechazadas y compromisos
que no se cumplieron. En marzo pasado, finalmente, el Pleno aprobó
exigir la firma del convenio. Hasta hoy, el Gobierno estatal no ha
respondido.
Por
eso, sostuvo, el problema ya no puede explicarse como falta de
recursos. “Cuando este Gobierno considera algo prioritario, encuentra
cómo financiarlo. Para las personas con discapacidad llevamos años
escuchando por qué no. Eso es una decisión de prioridades y una
responsabilidad política”, afirmó.
La
legisladora advirtió que para las familias la pensión no es un debate
burocrático ni una cifra presupuestal: significa autonomía y seguridad
económica. “No es caridad. No es un favor del Gobierno. Es un derecho.
Gobernadora, firme ya el convenio. Firma ya, Maru”, exigió.
Guzmán
llamó al Congreso a devolver el asunto a Comisión y evitar que se
cierre el expediente con una justificación incorrecta. Porque, señaló,
puede desecharse un documento, pero no puede darse por cumplido un
derecho que todavía no se garantiza.
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