Detienen AEI y SSPE a cuatro hombres con orden de aprehensión por homicidio calificado agravado y tortura

 

• Son investigados por su probable relación con el fallecimiento de una PPL, que custodiaban mientras se desempeñaban como policías procesales 

Oficiales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Unidad de Órdenes de Aprehensión, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detuvieron con órdenes de aprehensión a cuatro masculinos, por el delito de homicidio calificado agravado y tortura.

Los detenidos bajo la orden de aprehensión girada por el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 2603/2026 a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, en la ciudad de Chihuahua, son Ramón Alejandro O. O., de 24 años, Carlos Gerardo O. A. de 36 años, Silvino P. M. de 59 años, y Luis Carlos G. C. de 24 años.

Todos ellos investigados por su probable relación con los hechos ocurridos el 8 de julio de 2026, donde fallecería una persona del sexo masculino, de iniciales E. C. C., quien atendía una audiencia inicial como Persona Privada de la Libertad (PPL), mientras los señalados se desempeñan como Policías procesales del Tribunal Superior de Justicia (TSJE). 

Desde el hecho la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, abrió una carpeta de investigación a través de la Subsecretaría de Asuntos Internos, bajo la carpeta Q-113/SAI/SSPE/2026 mediante la cual se sigue el proceso para la suspensión del cargo. 

Los detenidos quedaron a disposición del TSJE en espera de que se fije fecha y hora para la audiencia inicial.

Gracias al trabajo de investigación de los elementos ministeriales, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia. 

Cabe señalar que la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ha instruido que en su administración no habrá tolerancia ni encubrimiento hacia ningún funcionario público que haya cometido un delito, independientemente de su nivel jerárquico.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).