• Le quitó la vida a un compañero interno en el CERESO 1; deberá pagar $1 millón 410 mil 728, por concepto de reparación del daño
La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, logró una sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra del imputado Raúl Octavio D. M., por el delito de homicidio calificado.
En un procedimiento abreviado efectuado el 12 de agosto de 2026, este sujeto aceptó su responsabilidad penal ante los datos de prueba que fueron expuestos por el agente del Ministerio Público, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 1577/2025.
La investigación ministerial estableció que el 20 de marzo de 2025, Raúl Octavio D. M. y otra persona, siendo Personas Privadas de la Libertad (PPL), por un diverso delito, en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Estatal No. 1, en Aquiles Serdán, agredieron a otro interno, en el baño de una celda, causándole lesiones que provocaron su fallecimiento.
Como resultado de las investigaciones realizadas por la Unidad Especializada, se obtuvo una orden de aprehensión que le fue notificada el 28 de abril de 2025, quedando detenido por este nuevo delito, toda vez que estaba por salir del centro penitenciario.
El 29 de abril de 2025, el agente del Ministerio Público formuló imputación en su contra, y el 2 de mayo quedó vinculado a proceso por homicidio calificado, bajo la medida cautelar de prisión preventiva, en tanto transcurría un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.
En la audiencia especial para el procedimiento abreviado, el Órgano jurisdiccional dictó la pena de prisión y lo condenó al pago de un millón 410,728 pesos, por concepto de reparación del daño, además de negarle el beneficio de la condena condicional.
El trabajo realizado por esta representación social demuestra el compromiso de la Fiscalía de Distrito Zona Centro para llevar ante los tribunales a quienes cometen delitos que atentan contra la vida, así como de obtener sentencias condenatorias que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas.
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