Impulsar la campaña de Estados Unidos para abordar la amenaza que supone la Corte Penal Internacional
La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha excedido en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía del Estado.
En el marco de la campaña diplomática que pusimos en marcha el mes pasado para hacer frente a los abusos de poder de la CPI, designo a dos funcionarios de la CPI: la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, de Japón, y el fiscal principal de la CPI, Abdoulaye Seye, de Senegal, de conformidad con la orden ejecutiva 14203, “Imposición de sanciones a la Corte Penal Internacional”. Estos individuos han participado directamente en los esfuerzos de la CPI por investigar, arrestar, detener o enjuiciar a funcionarios cuyos gobiernos no han consentido la jurisdicción de la CPI.
La CPI ha intentado en repetidas ocasiones ejercer su autoridad sobre ciudadanos de Estados Unidos y de otros países que no han aceptado su jurisdicción ni han ratificado el Estatuto de Roma. Esto sienta un peligroso precedente para todas las naciones.
Nuestra campaña del Gobierno en su totalidad para desmantelar la amenaza que supone la CPI para la soberanía nacional será de gran alcance, y esperamos que más países se sumen a ella poniendo fin a su financiación y participación en este tribunal politizado y que no rinde cuentas. Debe ponerse fin a la capacidad de la CPI para actuar contra ciudadanos estadounidenses y de otros países que no son parte del estatuto. La Administración Trump está dispuesta a adoptar medidas adicionales, si fuera necesario, para desmantelar sistemáticamente la CPI hasta que sea incapaz de amenazar la soberanía estadounidense.
Estos individuos han sido designados en virtud de la sección 1(a)(ii)(A) de la orden ejecutiva 14203.
Para ver el texto original, ir a: https://www.state.gov/
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