Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del
PRI en el Congreso del Estado, presentó un punto de acuerdo para
exhortar al Gobierno Federal, a través de la Fiscalía General de la
República (FGR), a evitar retenes o puntos de vigilancia injustificados
en las carreteras de Chihuahua y garantizar que cualquier operativo se
realice con vehículos oficiales plenamente identificables y agentes que
acrediten su identidad.
La
propuesta surge ante las denuncias de ciudadanos y transportistas sobre
presuntos cobros indebidos, intimidaciones y exigencia de dádivas en
puntos de revisión instalados en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez.
Medina advirtió que las labores de seguridad y persecución del delito
son indispensables, pero deben realizarse siempre dentro de la ley y sin
convertirse en espacios para abusos de autoridad o afectaciones a
quienes transitan por las carreteras.
Los
diputados de Morena presentes en la sesión rechazaron la propuesta de
Medina, bajo el argumento de que “no les constan” las molestias que los
regenera irregulares causan a la ciudadanía.
Medina
lamentó la postura de Morena y afirmó que esta los confirma como lo que
se ha denunciado durante mucho tiempo: enemigos de la paz y los
derechos humanos.
“Queremos
instituciones fuertes, queremos presencia de la autoridad y queremos
que se combata con firmeza a la delincuencia, pero la seguridad nunca
puede estar separada de la legalidad. Quien porta una placa y representa
al Estado tiene una responsabilidad todavía mayor de actuar con
honestidad, profesionalismo y absoluto respeto a los derechos de las
personas”, señaló Medina.
El
legislador destacó que la carretera federal 45 constituye una de las
principales arterias económicas y logísticas de Chihuahua, por lo que
revisiones tardías, ineficientes o realizadas fuera de protocolos
adecuados pueden afectar a transportistas, familias y cadenas de
suministro vinculadas con las exportaciones hacia Estados Unidos.
Medina
recordó que existen señalamientos sobre revisiones efectuadas incluso
desde vehículos sin logotipos oficiales, así como denuncias de
transportistas sobre exigencias de pagos de hasta 20 mil pesos. Por
ello, consideró indispensable que las autoridades federales investiguen
los hechos y garanticen que sus operativos se desarrollen bajo los
principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Como
parte del punto de acuerdo, Medina propone además solicitar la
participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos en estos puntos de revisión,
con el objetivo de vigilar los operativos y prevenir posibles
violaciones a la dignidad, integridad y patrimonio de las personas.
Finalmente,
Arturo Medina refrendó su compromiso con la seguridad y el Estado de
derecho, y sostuvo que combatir al crimen y proteger a la ciudadanía
exige instituciones confiables que actúen dentro de la ley.
“Chihuahua
necesita seguridad, pero seguridad con legalidad. Vamos a respaldar
toda acción que sirva para combatir a los delincuentes y proteger a las
familias, pero también vamos a señalar cualquier abuso y exigir que cada
autoridad cumpla estrictamente con la ley. Defender el Estado de
derecho significa que nadie puede estar por encima de él”, concluyó.
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