• Existen
señalamientos sobre la posible omisión de los procedimientos previstos
en la legislación federal para la celebración de acuerdos
interinstitucionales con autoridades extranjeras
Hidalgo
del Parral, Chih.– La diputada Leticia Ortega Máynez exigió se
esclarezca la legalidad y regularidad del procedimiento en relación a la
existencia de contratos, convenio o acuerdos con la Agencia Israelí de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (MASHAV).
Ante
esto la legisladora morenista expuso que el agua es un derecho humano
reconocido por nuestra Constitución y un recurso estratégico para el
desarrollo del país, cuya administración debe responder exclusivamente
al interés del pueblo de Chihuahua, de la Nación y no puede convertirse
en un espacio de opacidad, de intereses privados, ni de decisiones
tomadas al margen de la ley.
Ortega
Máynez, recordó que en las últimas semanas se publicó en medios de
comunicación información que genera preocupación respecto de la
actuación de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de
Chihuahua y del Gobierno del Estado, derivada de la celebración de un
acuerdo con la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (MASHAV), organismo dependiente del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Estado de Israel.
“Existen
señalamientos sobre la posible omisión de los procedimientos previstos
en la legislación federal para la celebración de acuerdos
interinstitucionales con autoridades extranjeras, particularmente
respecto de la intervención y registro que corresponde a la Secretaría
de Relaciones Exteriores”, externó la legisladora morenista.
Ante
esto la Leticia Ortega Máynez presentó una serie de preguntas al
titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de
Chihuahua, Mario Mata Carrasco ya que dicho convenio fue impulsado y
suscrito bajo su responsabilidad.
Entre
los puntos que destaca la diputada morenista en la formulación de
preguntas se encuentra: si el convenio o contrato cuenta con Dictamen de
Procedencia emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores del
Poder Ejecutivo Federal, en términos de la Ley sobre la Celebración de
Tratados, así como qué estudios técnicos o de análisis de
costo-beneficio y responsabilidad y demás documentos sirvieron de
justificación para determinar que la celebración del acuerdo.
Asimismo,
cuestionó si a la Junta Central de Agua y Saneamiento le resulta ética,
política e institucionalmente compatible los principios de respeto a
los derechos humanos que se rigen en México para celebrar un acuerdo con
una agencia oficial del Gobierno de Israel, en el contexto de los
graves señalamientos internacionales por las violaciones al derecho
internacional humanitario y el genocidio provocado por el conflicto
bélico con otros países.
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