El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a facilitadores criminales detrás de los esquemas transfronterizos de contrabando de combustible del CJNG

 

El Tesoro emite además una alerta sobre los esquemas de contrabando de combustible y evasión fiscal de los cárteles en la frontera sur de Estados Unidos.

Washington, D.C. — La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ambas pertenecientes al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunciaron una serie de acciones dirigidas a combatir los esquemas de contrabando de combustible vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal considerada por Estados Unidos como un grupo terrorista y dedicada al narcotráfico.

La OFAC impuso sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas relacionadas con una red de robo y contrabando de combustibles vinculada al CJNG. De acuerdo con la investigación, estas personas y empresas participaron en:

* Contrabando transfronterizo de combustibles.

* Uso de documentos aduanales falsificados.

* Creación y operación de empresas fachada.

* Esquemas destinados a evadir el pago de impuestos en México.

Según el gobierno estadounidense, estas operaciones generan decenas de millones de dólares anuales para financiar las actividades del cártel.

Al mismo tiempo, la FinCEN emitió una alerta complementaria dirigida a bancos e instituciones financieras, en la que explica los principales métodos utilizados por el CJNG y otras organizaciones criminales mexicanas para introducir combustible estadounidense a México mediante esquemas de evasión fiscal.

Las acciones fueron resultado de una investigación coordinada por diversas agencias federales estadounidenses, entre ellas:

* Drug Enforcement Administration

* Homeland Security Investigations

* Federal Bureau of Investigation

* Internal Revenue Service – Criminal Investigation

* U.S. Customs and Border Protection

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El “huachicol” como fuente estratégica de financiamiento

El Departamento del Tesoro sostiene que el robo, adulteración y contrabando de hidrocarburos —conocido en México como huachicol— se ha convertido en la fuente de ingresos ilícitos no relacionada con drogas más importante para los cárteles mexicanos.

Las actividades identificadas incluyen:

1. Robo de combustible y petróleo dentro de México.

2. Contrabando de petróleo crudo hacia Estados Unidos.

3. Introducción de gasolina y diésel desde Estados Unidos hacia México mediante esquemas de evasión de impuestos (“huachicol fiscal”).

De acuerdo con la investigación, el petróleo robado suele declararse falsamente como “aceite usado” u otros residuos peligrosos, con el propósito de evitar controles regulatorios y fiscales. Posteriormente es vendido a empresas estadounidenses del sector energético ubicadas cerca de la frontera, donde se comercializa con importantes descuentos.

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Resultados de investigaciones financieras

La FinCEN informó que, durante los doce meses posteriores a una alerta emitida en mayo de 2025, recibió más de 160 Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) relacionados con estas operaciones.

Los reportes describen más de 7 mil millones de dólares en operaciones financieras sospechosas entre Estados Unidos y México, frecuentemente vinculadas con organizaciones criminales mexicanas, especialmente el CJNG.

Los estados estadounidenses donde se detectó mayor actividad fueron:

* Texas.

* Florida.

En Texas, la mayoría de los casos se concentraron en ciudades fronterizas como:

* Brownsville.

* Mission.

* Eagle Pass.

* McAllen.

Las investigaciones identifican principalmente a empresas de los sectores:

* Petróleo y gas.

* Transporte.

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Objetivo de las medidas

El Departamento del Tesoro afirma que estas sanciones buscan:

* Reducir las fuentes de financiamiento del CJNG.

* Interrumpir los esquemas internacionales de lavado de dinero.

* Combatir el robo y contrabando de combustibles.

* Fortalecer la cooperación entre agencias estadounidenses para atacar las finanzas del crimen organizado.

La dependencia sostiene que atacar las fuentes económicas de los cárteles es una prioridad para debilitar su capacidad operativa y limitar el financiamiento de actividades como el narcotráfico y la violencia organizada.