Chihuahua, Chih.– La diputada Brenda Ríos presentó un
exhorto para garantizar legalidad, transparencia y certeza jurídica en
los procesos de desarrollo urbano y regularización de la propiedad, al
señalar que el crecimiento de la ciudad debe beneficiar por igual a las
familias, a quienes invierten conforme a la ley y al interés público.
Durante
su intervención, afirmó que el desarrollo urbano no consiste únicamente
en construir viviendas, sino en generar empleo, atraer inversión y
ofrecer seguridad patrimonial. Señaló que actualmente diversos
desarrolladores, especialmente pequeños y medianos, han manifestado
preocupación por la falta de uniformidad en algunos procedimientos
administrativos y registrales, mientras que más de 30 mil lotes
permanecen pendientes de regularización.
“Detrás
de cada lote hay una familia que espera escriturar su patrimonio y
empresas que han apostado por Chihuahua generando empleo e inversión. Lo
que necesitamos son reglas claras para todas y todos”, expresó.
El
exhorto propone garantizar que los trámites se realicen con legalidad,
objetividad y transparencia; hacer públicos los criterios
administrativos y tiempos de respuesta; digitalizar los procedimientos
para reducir la discrecionalidad; e investigar posibles prácticas que
generen condiciones inequitativas o afecten la libre competencia en el
sector inmobiliario.
En
otro tema, la legisladora se refirió a las declaraciones realizadas por
la presidenta de México durante la conferencia matutina, donde consideró
que deben investigarse los señalamientos relacionados con la denominada
“Casa Dorada” y la empresa en la que la gobernadora María Eugenia
Campos tiene participación mayoritaria y que presuntamente ha obtenido
contratos con el Gobierno del Estado.
Brenda
Ríos sostuvo que estos hechos deben esclarecerse sin excepciones y
reiteró que tanto la gobernadora como el alcalde Marco Bonilla han
protegido lo que calificó como un “cártel inmobiliario”, permitiendo
privilegios que afectan la competencia y la confianza ciudadana.
“Nadie
puede estar por encima de la ley. Chihuahua necesita instituciones que
den certeza jurídica, combatan los conflictos de interés y garanticen un
desarrollo urbano ordenado, transparente y en beneficio de las
familias”, concluyó.
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