Reiteramos nuestro compromiso con el estado de derecho y rechazamos la politización de los procesos judiciales

 

Con motivo de las manifestaciones públicas realizadas este fin de semana en torno a nuestra Gobernadora, en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la certeza jurídica y el respeto irrestricto al Estado de Derecho.

Exigimos que cualquier procedimiento judicial debe desarrollarse con estricto apego a la ley, fuera de intereses políticos y sustentado en fundamentos técnicos y jurídicos.

Que no se nos confunda: Chihuahua no es Sinaloa. Decimos no a la política contra Chihuahua y a la politización de los procesos que involucran a nuestro Estado. Como sector empresarial organizado necesitamos que toda actuación se realice conforme a derecho y no permitiremos acciones alejadas de la legalidad en ningún proceso judicial, especialmente cuando se trata de una Gobernadora que fue electa legítimamente por la mayoría de los chihuahuenses.

En este como en cualquier otro caso, las investigaciones deben realizarse con autenticidad, legalidad y transparencia, respetando el debido proceso y las facultades de las instituciones responsables de procurar e impartir justicia.

Chihuahua requiere estabilidad, confianza y certeza jurídica para seguir generando inversión, empleo y oportunidades para las familias.

México necesita instituciones sólidas, reglas claras y confianza para impulsar la inversión, el crecimiento económico y la competitividad. Las reformas y cambios estructurales, muchos a la ligera, han generado incertidumbre y cansancio en todos los sectores del país, y esa no es la ruta que fortalece el desarrollo.

En Chihuahua estamos listos para la revisión del T-MEC.

En Chihuahua queremos estabilidad, seguir creando empleos y aprovechar las oportunidades de desarrollo para nuestro Estado. No podemos permitir que intereses políticos afecten la confianza que tanto trabajo nos ha costado construir.

Reiteramos que el esclarecimiento de los hechos corresponde exclusivamente a las instituciones competentes. La justicia debe esclarecer los hechos; la política no debe interferir en ese proceso. Esa es la posición responsable que hoy demanda Chihuahua.