El Congreso de Chihuahua envió al Congreso de la Unión
una iniciativa de decreto con la que se propone reducir de tres meses a
30 días el plazo máximo para que las autoridades federales resuelvan las
solicitudes presentadas por la ciudadanía.
En
este sentido la diputada Irlanda Márquez Nolasco en representación de a
Comisión de Justicia refirió que la petición plantea reformas a la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, al Código Fiscal de la
Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, con el objetivo de agilizar los procesos administrativos
y judiciales, fortaleciendo el acceso efectivo a la justicia y
garantizando resoluciones oportunas y eficaces.
Dicha
petición, surge de acuerdo a lo expresado en la iniciativa de diputadas
y diputados del PAN, por los plazos excesivos que las autoridades
federales pueden tardar en dar respuesta a solicitudes de la ciudadanía,
especialmente cuando se trata de situaciones que requieren una
respuesta urgente o cuando la vida de personas está en riesgo.
Agregó
que algunas dependencias e instituciones, pueden demorar hasta tres
meses en responder a una solicitud, lo que resulta en una práctica
habitual de "silencio administrativo". Esto contraviene el principio
constitucional del derecho de petición, que exige una respuesta oportuna
y motivada.
El "silencio
administrativo" se interpreta legalmente como una resolución negativa
ficta, lo que implica que, si no hay respuesta en el plazo establecido,
la solicitud se considera denegada y la persona interesada puede
recurrir a un procedimiento legal para impugnarla. Sin embargo, el
problema que señala es la ambigüedad en la ley sobre los plazos
específicos para responder, lo que da lugar a interpretaciones
arbitrarias y genera incertidumbre tanto en la ciudadanía como en las
autoridades.
Con la
reforma se pretende contribuir al fortalecimiento de diversos derechos
humanos y garantías individuales, destacando el derecho de acceso a la
justicia, la tutela judicial efectiva y el derecho a una buena
administración pública ya que al reducir los plazos legales de
respuesta, se busca evitar la dilación indebida en los trámites,
promover una actuación más eficiente de las autoridades y asegurar que
la ciudadanía reciba respuestas claras y oportunas, generando mayor
certeza jurídica y transparencia en la actuación gubernamental.
Comentarios
Publicar un comentario