La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la
Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, Contra
la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, obtuvo la vinculación
a proceso penal en contra de Roberto Isaac Á. A., por su probable
responsabilidad en delitos relacionados con la correcta inhumación,
exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, contemplados en
la Ley Federal de Salud, así como por fraude.
Las
investigaciones ministeriales, arrojaron que presuntamente, el imputado
de 23 años de edad junto con diversa persona, mantuvo ocultos tres
cadáveres de seres humanos, dos de ellos no identificados y el otro
correspondiente a una menor de edad, en el inmueble ubicado en el cruce
de las calles Dr. Mariano Samaniego y Latón, de la colonia Arroyo
Colorado en Ciudad Juárez.
Lo
anterior, en el periodo comprendido entre el 12 de junio y el 24 de
julio de 2025, sin contar con los requisitos necesarios para su
preservación y manejo digno y respetuoso, ni la documentación
correspondiente que acreditara su legal permanecía, conservándolos ahí
de manera ilícita durante, puesto que dicho lugar no es está establecido
para el destino final de restos humanos.
Además
de que, la funeraria contaba con una suspensión total de trabajos y
actividades por parte de la Comisión Estatal Para Riesgos Sanitarios
(COESPRIS), desde el día 10 de octubre de 2024, incumpliendo así con la
Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCFI-2016.
El
imputado fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de
Investigación el 14 de agosto, con una orden de aprehensión
cumplimentada en el cruce de las calles Níquel y 16 de septiembre de la
colonia Arroyo Colorado, en Ciudad Juárez,
El
Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, conocedor de la causa
penal, resolvió la situación jurídica, fijó tres meses de plazo para el
cierre de la investigación complementaria, además de mantener la medida
cautelar de prisión preventiva.
**De
acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume
inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia
emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de
Procedimientos Penales).
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