Ciudad Juárez, Chih.- María Antonieta Pérez Reyes
integrante del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso, exige una
respuesta satisfactoria de las autoridades del Gobierno del Estado, que
hoy están involucradas sobre el crematorio y los más de 380 restos
humanos localizados en días pasados en Ciudad Juárez.
‘Pero
aquí la gran pregunta es de nuevo en donde han estado por esos últimos
tres años la Coespris, la Secretaría de Salud del Estado, quienes son
las autoridades competentes y obligadas a observar la aplicación de la
ley general de salud sobre todo en el reglamento que establece cómo se
deben disponer y manejar la cremación de seres humanos’ agregó la
diputada María Antonieta al exigir la remoción de funcionarios estatales
responsables en ese periodo, tanto de Salud Estatal como de la Comisión
Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios, quien depende de la
Secretaría ante señalada.
Para
la legisladora juarense el que 383 cuerpos que no fueron incinerados
como lo exige la ley en su momento y estar acumulados en un recinto
particular es reflejo de ‘la crueldad, la falta de ética, la falta de
moral de esas personas como el propietario de este crematorio, sus
empleados quienes estuvieron involucrados y que sabían de este tema,
porque 383 cuerpos acumulados por casi tres años era imposible que no
fuera conocido el hecho por más de una persona’ expresó a la par de la
indignación que el caso ha generado al pueblo fronterizo.
Y
cuestiona también la diputada María Antonieta porque a lo largo de los
últimos tres años no se hayan hecho proceso de verificación y auditorías
al crematorio señalado. Así como porque no se indagó a las tres
compañías de servicios mortuorios que aparecen como las encargadas de
dar disposición final a tan elevado número de cadáveres.
Es
por ello, remarcó la legisladora Pérez Reyes, este caso no debe de
quedar impune, ya que pese a ser Ciudad Juárez, una comunidad muy
lastimada en los últimas décadas por distintos hechos violentos, ahora
se hace el hallazgo de cadáveres apilados a lo largo de años sin darles
el destino que exige la ley y que sus deudos pagaron por un servicio que
no recibieron, y si recibieron lo legalmente contratado, ahora hay una
duda más que razonable de que serían víctimas de un posible fraude.
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