Leticia Ortega denuncia uso fraudulento de identidad de género para evadir justicia en casos de violencia

 

-Mujeres víctimas han tenido que compartir espacios de protección con sus agresores

     -Chihuahua es la única entidad del país sin legislación sobre violencia vicaria

Chihuahua, Chih.- Durante la sesión de este jueves en el Congreso del Estado, la diputada Leticia Ortega Máynez presentó un exhorto dirigido a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para prevenir fraudes procesales relacionados con violencia vicaria y atender con urgencia los vacíos legales que perpetúan esta forma de agresión.

La legisladora advirtió sobre un fenómeno creciente: el uso instrumental del cambio de identidad de género por parte de personas acusadas de violencia, con el fin de interferir en procesos judiciales o acceder a espacios institucionales diseñados para proteger a mujeres víctimas.

“Tenemos reportes de mujeres que, al acudir a instancias como CEJUM, se encuentran con que su agresor ya se encuentra allí, registrado como usuario protegido. […] Esto no es inclusión. Es fraude. Es revictimización institucionalizada,” expresó Ortega Máynez.

La diputada subrayó que este llamado no cuestiona los derechos de las personas trans, sino que busca impedir que esos derechos sean utilizados como escudo para encubrir conductas de violencia. “Ningún derecho puede ser utilizado como instrumento para violentar a otros", afirmó.

Leticia Ortega denunció que Chihuahua es hoy la única entidad del país que no ha legislado sobre violencia vicaria, lo que deja a madres en situación de indefensión frente a agresores que utilizan a hijas, hijos o vínculos afectivos como herramientas de castigo, control o sometimiento.

“Y lo más grave: aun con los testimonios, con la evidencia, con las cifras, Chihuahua es hoy la única entidad del país que no ha legislado sobre violencia vicaria,” señaló, agregando que el tema ha sido sistemáticamente bloqueado en el Congreso.

En su posicionamiento, la diputada también hizo referencia a la sentencia del Campo Algodonero, que obliga a las autoridades mexicanas a actuar con perspectiva de género. “No podemos seguir postergando decisiones por cálculos políticos o prejuicios ideológicos. Cada día que se retrasa esta legislación, es una mujer más desprotegida y vidas que se fracturan,” sostuvo.

Con este exhorto, la diputada llama a las autoridades estatales y a sus compañeras y compañeros legisladores a actuar con responsabilidad y firmeza, dejando de lado intereses partidistas o ideológicos para atender una forma de violencia que deja una profunda huella en la vida de cientos de mujeres, niños, niñas y adolescentes en Chihuahua.