Piden COPARMEX y CPC a Congreso del Estado diálogo amplio y plural para armonizar Ley General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales en el estado
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema
Estatal Anticorrupción del Estado de Chihuahua y COPARMEX Chihuahua
observaron con atención el proceso legislativo que derivó en la
aprobación y publicación de la nueva Ley General en materia de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, publicada en marzo en el Diario Oficial de la Federación.
Existe
una legítima preocupación por los efectos adversos que esta reforma
puede tener potencialmente en la arquitectura institucional del estado
de Chihuahua para la tutela de estos derechos fundamentales, los cuales
han sido pilares para el fortalecimiento del control democrático, la
vigilancia ciudadana y la lucha contra la corrupción.
La
experiencia acumulada durante las últimas décadas ha demostrado que
contar con instituciones especializadas e independientes en estas
materias genera mejores condiciones para la rendición de cuentas y el
ejercicio efectivo de otros derechos. Este momento representa una
oportunidad para que Chihuahua se consolide como referente en el
fortalecimiento institucional democrático.
En
atención a las reformas a la Constitución federal y a la reciente
publicación de la Ley General en la materia, consideramos indispensable
que, en aquellos poderes y entes públicos que, conforme a la nueva
legislación, cuenten con autoridades garantes en materia de
transparencia y protección de datos personales, se establezcan
procedimientos internos que permitan garantizar, de forma razonable, la
autonomía técnica de sus resoluciones, así como la independencia de
criterio frente a presiones políticas o administrativas que puedan
comprometer la imparcialidad en sus funciones.
En
este nuevo contexto normativo, es relevante que los estados del país
ejerzan el margen de acción que les otorga la nueva legislación para
adoptar marcos institucionales que aseguren condiciones adecuadas para
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, la
profesionalización de quienes las operan y la efectiva tutela de los
derechos fundamentales en la materia.
Asimismo,
hacemos un respetuoso llamado al Congreso del Estado de Chihuahua para
que, dentro del margen normativo que permita la Ley General, se abran
espacios de diálogo amplio y plural que conduzcan a la construcción de
una legislación local vanguardista, que fortalezca los mecanismos de
protección de los derechos de acceso a la información pública y de
protección de datos personales, y que, en su caso, mejore disposiciones
de la Ley General en beneficio de las personas habitantes de nuestro
estado.
La legislación
estatal debe construirse con base en evidencia, estándares
internacionales y buenas prácticas, garantizando que la protección y
ejercicio de estos derechos esté resguardado de interferencias indebidas
y su alineación al interés público. Es importante que el marco local
contribuya a preservar principios esenciales como la máxima publicidad,
la adecuada documentación de los actos de autoridad y la disponibilidad
oportuna de la información pública, así como mecanismos de rendición de
cuentas social que refuercen la confianza ciudadana.
Finalmente,
coincidimos en la importancia de garantizar un proceso transparente,
participativo y comprometido con la consolidación de mecanismos
institucionales eficaces en materia de acceso a la información y
protección de datos personales en Chihuahua.

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