• Recibió una sentencia de 13 años y dos meses de prisión por el delito de desaparición cometida por particulares
La
Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos
Humanos, informa que, por medio de un procedimiento especial abreviado,
se obtuvo una sentencia de 13 años y dos meses de prisión que se le
impuso a uno de los implicados en la desaparición del defensor Cruz Soto
Caraveo.
De acuerdo con la
documentación del caso, el sentenciado identificado como Luis Enrique M.
G., alias “El Chulinas”, era integrante de la célula criminal que
interceptó al activista social aproximadamente a las 14:00 horas del 13
de octubre de 2019, en una brecha que conduce de Témoris a Los Llanos.
Con
base en los datos obtenidos durante las indagatorias, se estableció que
las cuatro personas previamente sentenciadas y el propio Luis Enrique
M. G., se repartieron diferentes roles y funciones con el fin de
mantener oculto por aproximadamente siete días al representante del
colectivo “Familias Desplazadas Forzosamente de la Sierra Tarahumara”.
Los
sentenciados en este caso son: Paulino M. R.; Samuel Alejandro B. G.;
Fernando F. C. alias “El Cuervo”; Ismael Q. A. alias “Mayel”, y se les
suma Luis Enrique M. G., alias “El Chulinas”, con la sentencia de 13
años de prisión.
Aunado a lo
anterior, el equipo de la Unidad de Investigación de Desaparición
Forzada y Cometida por Particulares, descubrió que previo a la
desaparición, el ex Director de Seguridad Pública Municipal de Témoris,
Paulino M. R., fue quien ordenó a elementos de la misma corporación que
buscaran a la víctima y posteriormente, facilitó información sobre su
ubicación al grupo criminal.
Para
el mes de abril de 2023, el Ministerio Público informó al imputado los
antecedentes de investigación y presentó formalmente la imputación en su
contra por el delito de desaparición cometida por particulares.
En
apego al debido proceso, el imputado admitió voluntariamente la
responsabilidad penal por los hechos que se le imputaron y solicitó su
sentencia a través de un procedimiento especial abreviado que concluyó
este día.
La sentencia
contempla una multa de 329 mil 251 pesos, más una sanción económica de
625 mil 700 pesos por concepto de gastos funerarios y daños materiales,
así como una suma adicional que se determinará en la etapa de ejecución
de sentencia por concepto del daño moral.
Para
la reparación integral del daño, se determinó que el sentenciado deberá
cumplir con las medidas de rehabilitación, satisfacción y las garantías
de no repetición establecidas en la Constitución Política y la Ley
General de Víctimas.
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