El Departamento de Estado tomó medidas para restringir el visado a 100 funcionarios municipales de Nicaragua por su rol en apoyo a los ataques del régimen de Ortega a los derechos humanos y las libertades fundamentales y la represión contra las organizaciones de la sociedad civil. Desde agosto, el Presidente Daniel Ortega y la Vice Presidenta Rosario Murillo han cerrado y confiscado la Universidad Centroamericana y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, dos de los centros de enseñanza superior más reconocidos, bajo pretextos arbitrarios e infundados. Adicionalmente, Ortega y Murillo han atacado instituciones académicas independientes, trastocando las esperanzas y sueños de los nicaragüenses que buscan construir un mejor futuro en su tierra natal.
Al día de hoy, hemos restringido el visado a más de 1,000 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a aquéllos involucrados en los abusos a los derechos humanos, la represión de las voces independientes y la corrupción. Quienes participan en la represión y niegan los derechos a sus conciudadanos no deberían esperar viajar libremente a los Estados Unidos.
Renovamos nuestro llamado a las autoridades nicaragüenses a liberar a quienes han sido detenidos por apoyar valientemente una sociedad civil libre y la libertad de conciencia, incluyendo al Obispo Rolando Álvarez. Los Estados Unidos continúan trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Nicaragua. Seguimos comprometidos con la promoción del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de Nicaragua.
Esta medida fue tomada conforme a la Proclama Presidencial 10309, que suspende la entrada a los Estados Unidos como inmigrantes y no inmigrantes a miembros del Gobierno de Nicaragua y a otras personas que formulan, implementan y se benefician de las políticas o acciones que socavan las instituciones democráticas.
Para ver el texto original, ir a: https://www.state.gov/
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