Secretario Antony J. Blinken y secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas durante conferencia de prensa conjunta
SECRETARIO BLINKEN: Buenos días a todos. Quisiera decir, lo primero, que además de ser un placer estar en la compañía del secretario Mayorkas, deseo aprovechar la oportunidad para señalar que estoy entusiasmado por la presencia de Matt Miller como nuestro nuevo portavoz. Seguramente habrá más que decir sobre esto en los próximos días. Pero no podría estar más complacido, no solo por mí sino también por el Departamento y, por supuesto, por nuestro país. Es un profesional extraordinario con quien he tenido la suerte de trabajar durante muchos años. Estoy igualmente agradecido a Vedant Patel, que ha hecho un trabajo excepcional como nuestro portavoz en las últimas semanas.
En dos semanas, vencerá la orden de salud pública de los CDC en virtud del Título 42, por disposición de una orden judicial. El presidente Biden y organismos de todas las áreas de nuestro gobierno han adoptado medidas enérgicas con el objeto de prepararse para el efecto que posiblemente tenga esto en nuestro sistema de inmigración, nuestros socios en la región y el movimiento de personas en nuestro hemisferio.
El secretario Mayorkas se referirá al impacto inmediato de la extinción del Título 42 y el incremento de nuestros esfuerzos en cuanto al cumplimiento de la ley. Pero primero, quisiera aprovechar para plantear esto en el contexto de nuestro enfoque más general con respecto a la migración en la región, que seguiremos ampliando en las próximas semanas. Es un enfoque centrado en lograr que la migración sea más segura, ordenada y humana, así como en promover los intereses del pueblo estadounidense.
Si nos detenemos a pensar, y es realmente importante que lo hagamos, actualmente hay más de 100 millones de personas en el mundo que están desplazándose, que se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y una vida mejor. Esa cantidad es mayor a la de cualquier otro período que se haya conocido en la historia. Y en nuestro propio hemisferio, estamos enfrentando un desafío migratorio sin precedentes. Hay factores a largo plazo como la violencia, la corrupción y la falta de oportunidades económicas siguen haciendo que las personas salgan de sus lugares de origen; son problemas que se han exacerbado por la pandemia, las crisis de gobernanza y los eventos climáticos extremos que generan los cambios en el clima. Veinte millones de personas están desplazadas en el hemisferio, y la carga que esto supone para los países de tránsito y los países receptores es considerable.
La migración es por definición un desafío que ningún país puede resolver por sí solo. La magnitud, la variedad de impulsos y los factores que afectan este fenómeno exigen que trabajemos juntos. Por eso, el verano pasado el presidente Biden reunió a líderes de países del Hemisferio Occidental para acordar la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, a la cual se han sumado 21 países. La Declaración de Los Ángeles es un reconocimiento de nuestra responsabilidad compartida en materia de migración, nuestro compromiso común de trabajar juntos y potenciar las fortalezas de los socios en el gobierno, la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones humanitarias y las organizaciones multilaterales, todos unidos para responder a este reto.
Quisiera entonces destacar algunas de las formas en que Estados Unidos está trabajando con socios de la región en temas relativos a migración para descomprimir la presión que soportan nuestras fronteras entre otras cosas, al otorgar a la gente alternativas a la de realizar un viaje lleno de riesgos para buscar asilo en Estados Unidos.
Por supuesto, estamos trabajando fundamentalmente para lidiar con las causas fundamentales de la migración, a fin de que las personas no tengan que irse de sus países en primer lugar. Ello incluye invertir y redireccionar recursos hacia mayores oportunidades económicas, como lo hemos hecho a través de los más de 4.200 millones de dólares en compromisos del sector privado que la vicepresidenta Harris ha ayudado a obtener para la zona norte de América Central. Estas inversiones por parte de empresas y emprendimientos sociales permitirán crear y sostener puestos de trabajo, conectar a personas con la economía digital, ampliar el acceso a financiamiento, proporcionar formación y educación a personas jóvenes y trabajadores, y mejorar los medios económicos de vida en la región.
Asimismo, estamos invirtiendo en oportunidades económicas a través de los casi 1.200 millones de dólares que aportamos en asistencia humanitaria en la región el año pasado, y mediante iniciativas como nuestro compromiso de trabajar con nuestros socios para capacitar y equipar a 500.000 trabajadores sanitarios locales en el hemisferio en los próximos cinco años, para que más personas puedan obtener atención a la salud de calidad en sus propias comunidades. Todas estas inversiones ayudarán a las personas a sentir que tienen un futuro en sus propias comunidades.
Por cierto, desde luego que puede llevar cierto tiempo para que muchos de estos instrumentos den fruto. Por eso, estamos trabajando paralelamente en colaboraciones e iniciativas críticas con socios del hemisferio a fin de lograr un impacto a más corto plazo. En primer lugar, estamos apoyando a países receptores en sus esfuerzos para brindar asistencia y protecciones legales a refugiados y migrantes para que puedan prosperar en sus nuevas comunidades. Para ello, aportamos fondos a escuelas, instalaciones sanitarias y otros proveedores de apoyo a migrantes, financiamos la dotación de personal y la adquisición de capacidades de centros y sistemas locales de asilo y sostenemos esfuerzos de registro y documentación para que las personas puedan obtener y demostrar un estatus legal, una condición crucial para acceder al empleo, a escuelas, o a servicios sociales.
A su vez nuestros socios están haciendo una labor extraordinaria en este ámbito. Colombia, por ejemplo, ha otorgado estatus de protección temporal por 10 años a cerca de 2,5 millones de venezolanos, y así les ha permitido trabajar, estudiar y acceder a servicios públicos. Ecuador, Costa Rica y Belice también han emprendido esfuerzos similares orientados a regularizar a migrantes de Venezuela y Nicaragua, como así también Perú. Asimismo, observamos esfuerzos para perdonar las multas migratorias por superar el período de estancia, lo cual en la práctica elimina uno de los mayores obstáculos a la regularización. La “Operación Bienvenidos” en Brasil ayudó a más de 100.000 venezolanos a reubicarse de manera voluntaria en lugares donde tienen mayores oportunidades económicas. México y Canadá están aumentando la cantidad de personas que reciben por razones humanitarias.
También estamos trabajando con socios del hemisferio para aceptar los vuelos de repatriación, aumentar la presencia de fuerzas de seguridad en las rutas migratorias, y brindar mayor asistencia a migrantes y refugiados. Seguimos incrementando la asistencia a países receptores en el hemisferio para ayudarles a integrar a refugiados y migrantes, así como a aumentar la asistencia humanitaria y la protección de las poblaciones vulnerables.
En segundo lugar, estamos anunciando un aumento por 60 días de la asistencia urgente destinada a socios regionales con el fin de reforzar la seguridad y contrarrestar el contrabando, una iniciativa sobre la que Ali hablará más en unos instantes. También estamos abocados a contrarrestar la desinformación que propagan los contrabandistas y otros actores peligrosos, entre otras cosas, ampliando nuestra divulgación pagada y gratuita a través de los medios de comunicación dirigida a comunidades que son fuente de emigrantes y a rutas de migrantes mediante canales que podrían llegar a más de 85 millones de personas, a fin de que las personas que desean migrar cuenten con información precisa sobre cómo hacerlo de manera legal y segura, y conozcan los peligros de ponerse en manos de traficantes.
En tercer lugar, estamos ampliando de manera significativa las vías lícitas para la migración de quienes están en situación de necesidad, incluido el Programa de Estados Unidos de Admisión de Refugiados. Para demasiadas personas en demasiados lugares, estas vías se perciben como inalcanzables. Por eso, trabajamos para crear más oportunidades y lograr que resulten más accesibles. Estados Unidos recibió seis veces más refugiados de América Latina y el Caribe en 2022 que durante el año previo. Las cifras hasta el momento indican que es muy probable que esas llegadas aumenten más del doble durante 2023.
Y en enero, el presidente Biden expresó el compromiso de recibir a 30.000 personas por mes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua a través de un programa de permisos (parole). La migración irregular procedente de esos cuatro países se redujo en más del 97 % en el primer mes, y ello se debe a que las personas ahora cuentan con una vía legal y segura. Ello implica que decenas de miles de personas ya no tienen que hacer el peligroso viaje por tierra hasta nuestra frontera ni ponerse a merced de contrabandistas abusivos.
Estamos trabajando en asociación con ONG nacionales e internacionales para conectar a las poblaciones más vulnerables, que incluyen minorías religiosas, disidentes políticos, personas LGBTQI+ y sobrevivientes de violencia de género, con procesos de reasentamiento acelerados.
Estamos desarrollando nuevas formas de aumentar el alcance y la eficacia de nuestro sistema migratorio, como el Welcome Corps, que por primera vez permite que ciudadanos estadounidenses sean auspiciadores de refugiados.
Y pronto instalaremos Centros Regionales de Procesamiento en ubicaciones específicas en la región. Quisiera agradecer a Colombia y Guatemala en particular por su papel como socios excelentes de Estados Unidos en estas iniciativas. Estos centros serán administrados por organizaciones internacionales asociadas y mejorarán el acceso de las personas que reúnan los requisitos para el trámite acelerado de reasentamiento de refugiados, reunificación familiar y vías de empleo en Estados Unidos. También serán un punto de referencia para las vías lícitas, así como las protecciones humanitarias y de refugiados en otros países como Canadá y España.
Estos centros serán un paso sumamente importante para evitar que las personas lleven a cabo el peligroso viaje hasta la frontera al brindarles una opción legal mucho más segura para emigrar, que puedan gestionar desde sus propios países. Se trata de un enfoque novedoso que brinda un trato digno a las personas que desean emigrar y que refuerza la seguridad y la estabilidad en la región.
Más tarde hoy, tendré la posibilidad de viajar a Denver para la Cumbre de Ciudades de las Américas, donde hemos convocado a líderes para hablar sobre cómo los gobiernos pueden responder a las necesidades de su población. Y esa misión es central al desafío migratorio: ¿Cómo podemos trabajar juntos, tal como somos, para sentar las bases de futuros mejores, más seguros y más esperanzadores para todos nuestros ciudadanos?
Dicho esto, quisiera darle la palabra al secretario Mayorkas.
SECRETARIO MAYORKAS: Buen día. Gracias, secretario Blinken. Tal como lo señaló el Secretario, estamos ante un desafío para el hemisferio que requiere de soluciones hemisféricas. Trabajando con nuestros vecinos en la región, podemos y lograremos reducir el número de migrantes que llegan a la frontera sur. Los Centros Regionales de Procesamiento* que se anunciaron hoy serán un complemento crucial de los programas y procesos con los que cuenta el DHS para que las personas que califican obtengan autorización para entrar en Estados Unidos antes de llegar a nuestras fronteras.
Esto es particularmente importante porque tenemos la obligación humanitaria de erradicar a los traficantes. En los últimos diez años, hemos visto un aumento drástico en el alcance, la sofisticación y la crueldad de las organizaciones de contrabando y las dificultades que esto plantea.
El plan integral que hemos desarrollado y estamos ejecutando toma en cuenta esta realidad. Estamos construyendo vías lícitas para que las personas vengan a Estados Unidos sin recurrir a contrabandistas. A su vez, estamos imponiendo consecuencias a quienes no usan esas vías y, en cambio, migran irregularmente a nuestra frontera sur.
Este plan ha demostrado ser eficaz. A partir del éxito de Unidos por Ucrania, creamos procesos de permisos (parole) destinados a ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que reúnen las condiciones, y expulsamos a personas de estos países que procuraron ingresar en nuestra frontera sur. Hemos visto un alto grado de interés en estos procesos de permisos humanitarios y un descenso muy importante en las interceptaciones de personas de estas nacionalidades. En total, la cantidad de interceptaciones por la Patrulla Fronteriza en marzo de 2023 se redujo un 23 por ciento en comparación con marzo del año pasado. Cuando las personas cuentan con vías seguras y ordenadas para venir a Estados Unidos y pueden tener consecuencias por no usar esas vías, entonces deciden usarlas.
A partir del 11 de mayo, el uso del Título 42 dispuesto por orden judicial concluirá y, una vez más, procesaremos a todos los migrantes conforme al Título 8 del Código de Estados Unidos. Esta es una facultad de cumplimiento de las normas migratorias que existe desde hace tiempo y que han usado distintas administraciones, republicanas y demócratas por igual, para procesar los casos de personas. Prevé consecuencias severas para la migración irregular, que incluyen la prohibición de reingreso por al menos cinco años y el posible procesamiento penal ante intentos reiterados de cruzar en forma ilegal. El restablecimiento de la tramitación de migrantes conforme a las facultades del Título 8 operará de manera rápida e inmediata.
Nos hemos estado preparando para esta transición desde hace más de un año y medio. Pese a estos preparativos, sí esperamos que aumente el número de interceptaciones en nuestra frontera sur, dado que los contrabandistas están intentando sacar provecho de este cambio y ya están activamente dedicados a propagar desinformación al sostener que, a partir de entonces, la frontera estará abierta. El alto número de interceptaciones supondrá una carga considerable para todo nuestro sistema, incluidas nuestras comunidades y nuestra fuerza laboral, que hacen un trabajo heroico.
La propaganda de los contrabandistas es falsa. Quisiera ser claro sobre esto: nuestra frontera no está abierta y no se abrirá a partir del 11 de mayo.
En el día de hoy, anunciamos la expansión de nuestro plan de establecer vías lícitas e imponer consecuencias cuando no se usen tales vías.
En primer lugar, el Departamento de Seguridad Nacional se enorgullece de trabajar con el Departamento de Estado estableciendo Centros Regionales de Procesamiento que describió el secretario Blinken. Estamos destinando a estos centros funcionarios que recibieron capacitación específica sobre refugiados. Estos funcionarios van a entrevistar a los solicitantes del Programa de Estados Unidos de Admisiones de Refugiados y van a disponer el procesamiento rápido de una mayor cantidad de personas. Además del procesamiento de refugiados, los migrantes podrían ser evaluados en estos centros y derivados a fin de que exploren vías adicionales a Estados Unidos u otros países para los cuales podrían ser elegibles.
En segundo lugar, estamos optimizando los procesos de los permisos (parole) para la reunificación familiar, que existen desde hace tiempo, destinados a ciudadanos cubanos y haitianos para que las personas procedentes de esos países que tengan solicitudes aprobadas por motivos familiares puedan reencontrarse con sus familias más pronto aquí en Estados Unidos.
En tercer lugar, he dado instrucciones a mi equipo para que formule procesos de reunificación familiar que ampliarán este modelo, ampliamente reconocido, para determinadas personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. El 11 de mayo habrá más información disponible sobre estos procesos.
En cuarto lugar, seguiremos adelante con los procesos exitosos que anunciamos en enero. A través de nuestra aplicación móvil CPB One, permitiremos que las personas programen más citas en puertos de ingreso, en consonancia con el procesamiento del Título 8. Los procesos de permisos humanitarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, así como los retornos correspondientes a México de quienes no tienen fundamento legal para permanecer en el país, seguirán en curso.
A su vez, estamos estableciendo consecuencias para las personas que no usan nuestras vías lícitas.
A partir del 12 de mayo, asignaremos a procesos de expulsión acelerada a las personas elegibles que lleguen a nuestra frontera sur. Quienes lleguen a nuestra frontera sin tener un fundamento legal para permanecer habrán realizado el viaje, a menudo teniendo experiencias sumamente traumáticas y tras entregar los ahorros de toda su vida a contrabandistas, solo para ser expulsados sin demora. En general, se los expulsará en cuestión de días en apenas unas semanas.
A diferencia de lo que ocurre con la facultad sobre salud pública del Título 42, la sanción por ser expulsado de Estados Unidos en virtud del Título 8 mediante el proceso de expulsión acelerada y de otras leyes de inmigración que aplicaremos no solo será la medida de expulsión. Las personas expulsadas no podrán ingresar en Estados Unidos por cinco años y podrían ser procesadas penalmente por cada intento posterior que realicen para cruzar la frontera en forma ilegal.
Procesaremos a los adultos solteros elegibles para su expulsión acelerada mientras se encuentren en establecimientos de nuestra Patrulla Fronteriza y de nuestro Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos llevará adelante entrevistas de temor creíble. Hemos ampliado nuestra capacidad de alojamiento y dispuesto equipos y procedimientos para que las personas puedan tener acceso a asesores legales. Hemos digitalizado procesos, aumentado el personal y, con la colaboración de los gobiernos socios, sumado vuelos de retorno. Nos estamos asegurando de que las expulsiones sean justas y de que se realicen de manera eficiente y rápida.
Las familias siempre han planteado desafíos únicos dentro de nuestro sistema de inmigración, en especial, para una administración como la nuestra, que prioriza la unidad de las familias y que se opone a separarlas. Al igual que los adultos solteros, las familias serán asignadas a procedimientos de expulsión, incluida la expulsión acelerada. Actualmente estamos enfocados en usar todos los Programas de Alternativas a la Detención con los que contamos, incluido el monitoreo por GPS y las medidas de supervisión reforzadas, como toques de queda, y en ampliar los servicios de gestión de casos. Esto estará acompañado de medidas más estrictas para quienes no cumplan.
El mismo principio se aplicará a adultos solteros y familias. Tendrán la oportunidad de buscar protección u otra asistencia frente a la posibilidad de expulsión. Si reciben una orden definitiva de expulsión, aplicaremos la ley y serán expulsados.
Además de nuestra frontera terrestre, continuaremos enfrentando el desafío que implica la migración que llega por vía marítima.
Desde que anunciamos nuestros procesos de permiso humanitario (parole) para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, hemos dejado en claro que quienes lleguen a nuestra frontera sur no son elegibles para ese tipo de procesos. Hoy anunciamos que tampoco serán elegibles quienes se hagan a la mar y sean interceptados intentando llegar a nuestras fronteras marítimas. Hemos visto a demasiadas personas (familias, mujeres, niños y niñas) perecer en mares embravecidos.
Hemos aumentado la presencia de la Guardia Costera de Estados Unidos para interceptar a migrantes que estén intentando llegar por mar a nuestro país. Hemos salvado una innumerable cantidad de vidas, y hemos devuelto a los migrantes a sus países de origen. Estas acciones continuarán realizándose.
Además, estamos terminando de elaborar la reglamentación propuesta previamente este año en forma conjunta por los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional. La medida propuesta incentivará a las personas a utilizar las vías lícitas, seguras y ordenadas que están disponibles, para desincentivar cruces de frontera peligrosos al establecer una nueva condición a la elegibilidad para el asilo para quienes no utilicen esas vías. Los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional tienen como objetivo terminar de definir la norma para el 11 de mayo y aplicarla de inmediato.
El trabajo que hemos estado realizando para prepararnos para la finalización del Título 42 continúa, como ya describí en nuestro plan de seis pilares. Estamos aumentando los recursos en nuestra frontera, modernizando procesos, atacando a las organizaciones de contrabando poniendo énfasis como nunca antes en la aplicación de la ley, fortaleciendo nuestra herramienta de control migratorio consistente en la expulsión acelerada, trabajando para acrecentar la comunicación y los recursos de información (por ejemplo, con la distribución de más de 130 millones de dólares de este año fiscal y otros 290 millones por asignar en las próximas semanas) para comunidades locales y sus organizaciones sin fines de lucro. Nos estamos aliando con naciones de la región para abordar los desafíos que plantea una migración sin precedentes en el hemisferio.
Por ejemplo, hace dos semanas llegamos a un acuerdo trilateral con Colombia y Panamá para atacar a los contrabandistas que, con falsos argumentos, convencen a las personas para que se internen en las peligrosas tierras de la región del Darién. Iniciamos una campaña coordinada de 60 días con Panamá y Colombia para prevenir la increíblemente peligrosa situación humanitaria de los migrantes que atraviesan la selva del Darién. Hemos realizado más de 10.000 arrestos de situaciones de contrabando desde abril del año pasado e incautado más de 47 millones de dólares en bienes y productos financieros ilícitos de los contrabandistas. El compromiso canadiense de aceptar otros 15.000 migrantes es parte de un esfuerzo complementario de crear vías lícitas.
Todos coinciden en que nuestro sistema migratorio es obsoleto y está sumamente desvirtuado. Debemos enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Esto incluye los posibles aumentos en la migración luego del 11 de mayo y la presión que esto implicará para nuestras comunidades, nuestra fuerza laboral y nuestro sistema.
Por eso, hoy informamos al Congreso sobre nuestra intención de reprogramar fondos de nuestro presupuesto para sostener otros requerimientos emergentes en el DHS. Esta reprogramación de fondos existentes ya no cubrirá nuestras necesidades a más largo plazo de proteger nuestras fronteras y aplicar nuestras leyes. La administración solicitó 4,900 millones de dólares para estos requerimientos, pero solo recibió 2,700 millones de dólares en el proyecto de financiamiento que se sancionó en diciembre de 2022. Si bien el Departamento está utilizando con prudencia los fondos limitados que el Congreso ha proporcionado a fin de prepararse para el clima que se generará con posterioridad a la vigencia del Título 42, esta notificación relativa a la reconversión de los fondos existentes implica apenas una fracción de lo que necesitaremos eventualmente.
Sabemos que los contrabandistas intentarán aprovechar el final del Título 42 y que las primeras semanas serán difíciles, pero tenemos plena confianza en los hombres y mujeres del Departamento de Seguridad Nacional que trabajan con dedicación. Haremos todo lo posible por controlar nuestra frontera y aumentar las interceptaciones de manera segura, ordenada y humana. Trabajamos con nuestros socios regionales. Buscamos a los contrabandistas. Estamos aumentando los recursos en la frontera. Sin embargo, no podemos hacer todo lo que es necesario hasta que el Congreso proporcione los recursos y concrete las reformas que se precisan. Instamos al Congreso a que nos proporcione los recursos que necesitamos para continuar nuestro trabajo. Estamos listos para trabajar con el Congreso a efectos de sancionar la tan necesaria reforma de nuestro sistema de inmigración y de asilo. Mientras tanto, seguiremos haciendo nuestra parte, e implementando el enfoque hoy aquí descrito.
Muchas gracias.
Para ver el texto original, ir a: https://www.state.gov/
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